En el marco del debate parlamentario sobre la regulación del sistema financiero y los mecanismos de cobro en el país, el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados anunció su voto en contra del dictamen que expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. La representación legislativa sostuvo que el proyecto desconoce las condiciones reales de conectividad e inclusión financiera del país, además de establecer facultades de supervisión estatal sobre las transacciones de los particulares.
Al fijar la postura de la bancada tricolor durante la Sesión Ordinaria de este 6 de octubre de 2026, el diputado federal Christian Castro Bello argumentó que la propuesta legislativa pretende imponer la bancarización obligatoria y el uso de medios de pago electrónicos en un contexto donde persistente una marcada brecha tecnológica. El legislador enfatizó que pretender la digitalización del sistema de pagos sin un despliegue previo de infraestructura pública vulnera los derechos de los sectores sociales más desfavorecidos.
Alertan por intromisión y vigilancia financiera
Uno de los ejes centrales de la argumentación legislativa radicó en los riesgos a la privacidad de los usuarios de servicios financieros. El diputado Christian Castro Bello advirtió que las disposiciones operativas del ordenamiento —en particular la creación de un expediente electrónico vinculado a la Clave Única de Registro de Población (CURP) digital— otorgarán a la autoridad federal un marco de monitoreo continuo sobre el patrimonio, ingresos y hábitos de consumo de los ciudadanos.
La representación del PRI calificó estas medidas como instrumentos autoritarios de control fiscal y administrativo. Según la posición expuesta en tribuna, el cruce de datos biométricos e identidades digitales con las plataformas bancarias faculta la supervisión gubernamental sobre las cuentas de ahorro y movimientos de la población, sin que existan salvaguardas explícitas de protección de datos personales.
Rezago de infraestructura e inclusión bancaria
Para sustentar la viabilidad técnica del dictamen, la bancada de oposición presentó indicadores sobre el estado actual de los servicios básicos y la inclusión financiera en el territorio nacional. Se detalló que más de 32 millones de personas carecen de acceso a redes de internet y alrededor de 20 millones de adultos mayores no cuentan con una tarjeta o cuenta bancaria activa, lo que imposibilita su integración inmediata al esquema propuesto.
Asimismo, se expuso que el 88.6% de la población de 18 años o más continúa utilizando el dinero en efectivo como su principal medio de pago para transacciones cotidianas. La postura del PRI subrayó la incongruencia de normar la digitalización financiera cuando existen carencias en servicios públicos esenciales, registrando a nivel nacional a más de 300 mil personas sin energía eléctrica y 6.4 millones sin red de drenaje.
Finalmente, el Grupo Parlamentario del PRI criticó la cancelación previa de programas educativos enfocados en la enseñanza de habilidades tecnológicas e idioma inglés en el nivel básico. La representación parlamentaria concluyó que la política pública debe priorizar la alfabetización digital y la cobertura de servicios básicos antes de sancionar esquemas obligatorios de transacción electrónica.
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