El legislador de Morena calificó de falsas las imputaciones de una fiscalía de Nueva York y atribuyó el señalamiento a una represalia política por sus críticas a la intervención de agentes de Estados Unidos en el estado de Chihuahua.
El Departamento de Justicia de EE. UU. señala al gobernador de Sinaloa y al senador de Morena por presunta asociación delictuosa con Los Chapitos para facilitar el tráfico de drogas y ceder el control de la seguridad estatal.
Al finalizar el segundo periodo de sesiones de la LXVI Legislatura, el diputado Ricardo Monreal anunció la posible convocatoria de un periodo extraordinario en mayo para reformar el sistema judicial, postergando la elección de jueces hasta 2028. Destacó la cooperación con la oposición y la importancia de mantener el diálogo en temas nacionales.
La SRE recibió solicitudes de extradición de EE. UU. contra el gobernador Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza. Ignacio Mier señaló que el expediente carece de sustento inicial y será turnado a la FGR para su análisis jurídico.
La presidenta de la Cámara de Diputados reconoció el desmantelamiento de narcolaboratorios en Chihuahua y criticó la omisión de información hacia la gobernadora. El anuncio se dio durante el cierre de un periodo legislativo con 2,800 iniciativas.
El legislador Rubén Moreira instó al gobernador sinaloense a pedir licencia para enfrentar los cargos por narcotráfico en EE. UU., señalando que las omisiones del gobierno federal permitieron la consolidación de un sistema corrompido en el estado.
La Fiscalía de Nueva York vincula al mandatario estatal y a su gabinete con la facción de los «Chapitos». Se les acusa de recibir sobornos millonarios a cambio de protección policial y de permitir la libre operación del Cártel de Sinaloa.
La Cancillería turnó los expedientes a la FGR tras detectar que la documentación de la Embajada carece de pruebas de responsabilidad inmediata. El gobierno mexicano enviará un extrañamiento por la ruptura de la confidencialidad del proceso.
La acusación formal del Departamento de Justicia detalla que el grupo de “Los Chapitos” robó urnas y secuestró a rivales para imponer al morenista, quien a cambio habría cedido el control de puestos públicos a la organización.
El marco de la OPI otorga a Musk un veto efectivo sobre su permanencia mediante acciones de clase B con voto privilegiado. Esta estructura impedirá que los inversionistas externos influyan en la elección del directorio o en la dirección ejecutiva.