La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York anunció este miércoles la apertura de una acusación formal contra el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos por delitos de narcotráfico y posesión de armas de fuego. Las autoridades estadounidenses alegan que los acusados se asociaron con el Cártel de Sinaloa para facilitar la importación de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina a Estados Unidos a cambio de sobornos millonarios y apoyo político.
De acuerdo con el documento judicial, la organización criminal presuntamente ayudó a Rocha Moya a obtener la gubernatura en 2021 mediante el secuestro e intimidación de sus rivales políticos. A cambio, el mandatario habría permitido que la facción de los «Chapitos» operara con impunidad en la entidad y asistió a reuniones con líderes del cártel para prometerles protección.
Funcionarios implicados y red de protección
Entre los señalados figuran mandos de alto rango de la administración estatal y fuerzas del orden, quienes presuntamente protegieron cargamentos de droga y proporcionaron información confidencial de inteligencia al cártel. La lista de acusados incluye a:
- Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario general de Gobierno.
- Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general de Sinaloa, acusado de recibir 11,000 dólares mensuales por informar sobre operativos policiales.
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal.
- Juan Valenzuela Millán, alias «Juanito», excomandante de la policía municipal, vinculado además con el secuestro y asesinato de una fuente de la DEA en 2023.
Declaraciones de las autoridades
El Fiscal Federal Jay Clayton destacó que el Cártel de Sinaloa no podría operar con éxito sin la colaboración de funcionarios corruptos. “El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar», declaró Clayton, asegurando el compromiso de llevar a los responsables ante la justicia sin importar su posición.
Por su parte, el administrador de la DEA, Terrance Cole, calificó a la organización como una entidad terrorista que socava las instituciones públicas. Los diez acusados, que se presume residen actualmente en México, enfrentan penas que van desde los 40 años de prisión hasta la cadena perpetua. El caso ha sido asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
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