La Fiscalía General de la República (FGR) informó que recibió, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las solicitudes de detención provisional con fines de extradición realizadas por el Gobierno de los Estados Unidos contra funcionarios del estado de Sinaloa. El doctor Ulises Lara López, vocero de la institución, precisó que la solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes sobre los hechos narrados por las autoridades estadounidenses.
De acuerdo con la normativa vigente y el tratado bilateral, la FGR, mediante la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, analizará la documentación para determinar la viabilidad de la solicitud. Paralelamente, la institución iniciará una investigación propia para verificar si existen datos de prueba que sustenten la posible comisión de delitos según la legislación mexicana.
Requisitos legales e inmunidad procesal
Lara López subrayó que, conforme a las leyes nacionales, solo se concederá la extradición si las pruebas son suficientes bajo los criterios jurídicos de México. En el caso específico de los servidores públicos con cargos de gobernadores y senadores, la fiscalía aclaró que es imperativo agotar los procedimientos constitucionales.
«La legislación mexicana refiere que en el caso de gobernadores y senadores se requiere iniciar un juicio de procedencia para obtener una declaratoria que retire la inmunidad procesal«, puntualizó el vocero. Este paso es indispensable antes de que la autoridad judicial pueda emitir órdenes de aprehensión o proceder con la entrega de los requeridos.
Confidencialidad y soberanía
La FGR señaló que el propio Gobierno de Estados Unidos solicitó mantener la información bajo reserva para no afectar los procedimientos penales en su territorio. No obstante, la fiscalía advirtió que la divulgación previa de estos datos contraviene la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la naturaleza confidencial de los acuerdos de extradición.
Finalmente, la institución reiteró su compromiso con el Estado de derecho y el respeto a la soberanía nacional. «Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie», concluyó Lara López, enfatizando que se deben proteger las garantías y derechos inalienables de las personas requeridas durante todo el proceso jurídico.
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