En el marco de la discusión del dictamen que reforma la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el diputado César Israel Damián Retes fijó el posicionamiento de su grupo parlamentario con una severa denuncia contra la administración de Sinaloa. El legislador anunció que Acción Nacional presentará una solicitud formal de juicio político en contra del gobernador Rubén Rocha Moya, tras los señalamientos que lo vinculan con la delincuencia organizada y la justicia de Estados Unidos.
Damián Retes calificó la situación como una «vergüenza nacional», destacando que es la primera vez en la historia del país que un gobernador en funciones es requerido por autoridades judiciales del extranjero. Durante su intervención, exigió a la administración federal dejar de proteger a «narco políticos» y priorizar la seguridad de las familias sinaloenses que han padecido la violencia estructural en la entidad.
Exigencia de separación del cargo
El diputado cuestionó el respaldo que el Ejecutivo Federal ha brindado al mandatario estatal, señalando que la permanencia de Rocha Moya en el poder pone en riesgo no solo la paz social en Sinaloa, sino también la estabilidad económica nacional. En un tono técnico pero incisivo, sugirió que el gobierno podría aplicar el denominado traslado administrativo —mecanismo utilizado para deportaciones expeditas— para poner al funcionario a disposición de las cortes internacionales.
«La pregunta hoy es: ¿qué va a hacer Morena? ¿Van a seguir protegiendo narco políticos o van a permitir que responda ante la justicia?», inquirió el legislador, subrayando que la omisión institucional se traduce en complicidad ante el yugo que sufren las víctimas de la violencia en el noroeste del país.
Riesgos para el Tratado de Libre Comercio
Uno de los puntos centrales del posicionamiento fue la advertencia sobre las repercusiones internacionales. Damián Retes enfatizó que la defensa de un gobernador señalado por vínculos con el narcotráfico compromete el Tratado de Libre Comercio, instrumento que calificó como el motor fundamental para el financiamiento de los propios programas sociales del gobierno federal.
El legislador recordó que existen señalamientos públicos y cartas de líderes delictivos que vinculan directamente a la administración estatal con actos de violencia de alto impacto, incluyendo el homicidio de legisladores electos. Bajo esta premisa, sostuvo que la crisis de gobernanza en Sinaloa es el reflejo de un sistema que ha permitido la infiltración de grupos de interés en los tres niveles de gobierno.
Extension del conflicto a otros estados
La crítica parlamentaria no se limitó a Sinaloa; el diputado extendió la responsabilidad a otros integrantes del partido oficial en entidades como Tamaulipas, Baja California y Michoacán. Afirmó que el «pacto criminal» debe romperse de inmediato para recuperar la paz que la ciudadanía reclama en las calles, señalando que la justicia debe alcanzar a todos los involucrados sin importar su cargo.
Damián Retes concluyó su intervención haciendo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que actúe con celeridad y no anteponga intereses partidistas a la integridad del Estado mexicano, asegurando que su bancada agotará todas las instancias legales y legislativas para que se dicte sentencia sobre las responsabilidades señaladas en este conflicto binacional.
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