El Diputado Federal Jericó Abramo Masso, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, denunció este martes que la votación del dictamen para regular los seguros médicos y hospitales privados fue suspendida por presiones de los grupos de interés del sector asegurador y hospitalario. Según el legislador, las empresas solicitaron a la Secretaría de Hacienda más tiempo para analizar una reforma que ya contaba con el consenso de los 500 integrantes de la Cámara de Diputados.
La iniciativa, construida durante 14 meses, busca poner fin a lo que Abramo calificó como un «oligopolio de hospitales» que genera una inflación médica artificial en México. El legislador señaló que el país padece la inflación médica más alta de América debido a la opacidad en las tarifas, donde un procedimiento puede costar hasta un 60% más si el paciente cuenta con un seguro de gastos médicos mayores.
Beneficios detenidos para el usuario
El dictamen propuesto establece cambios estructurales en la relación entre empresas y clientes. Entre los puntos más relevantes se encuentra la eliminación de las «letras chiquitas» en las pólizas, la obligatoriedad de desglosar comisiones de agentes y brokers, y la creación de tabuladores para médicos fuera de la red. Además, introduce la portabilidad, permitiendo que usuarios mayores de 60 años cambien de aseguradora conservando sus derechos de antigüedad.
«El mercado negro de las aseguradoras y hospitales está generado por ellos mismos; quieren opacidad para seguir cobrando pólizas y procedimientos excesivos», afirmó el legislador del PRI, quien advirtió que el sector público no tiene capacidad para absorber a los 32 millones de usuarios de la salud privada si estos pierden su cobertura por costos inasequibles.
Incentivos fiscales y adultos mayores
Uno de los pilares de la reforma es el apoyo a la población vulnerable. El proyecto contempla aplicar la tasa cero de IVA a las primas de personas de 60 años o más, así como permitir la deducción del Impuesto sobre la Renta (ISR) por el monto efectivamente pagado. Abramo Masso aclaró que, para lograr el consenso, se retiró una propuesta inicial que limitaba los incrementos anuales de las pólizas a «inflación más cinco puntos», a fin de evitar acusaciones de intervencionismo de mercado.
Vigilancia de PROFECO y CONDUSEF
La legislación busca dotar de «dientes» a la PROFECO y a la CONDUSEF, estableciendo sanciones que van desde las 500 hasta las 2,000 UMAS para aquellas instituciones que incurran en abusos. El dictamen también obliga a los hospitales a publicar anualmente sus tarifas de servicios y procedimientos quirúrgicos, permitiendo que el usuario conozca el costo real de su atención en tiempo real.
Abramo Masso reconoció la disposición del diputado Ricardo Monreal para procesar el dictamen, pero urgió a convocar a un periodo extraordinario antes de que concluya el mes de mayo. Advirtió que, de postergarse la votación hasta septiembre, las aseguradoras podrían incrementar tarifas de manera irresponsable en una especie de «venganza» por los cambios fiscales previos, afectando directamente el patrimonio de las familias mexicanas.
Contexto de la inflación médica
El legislador detalló que el gasto de bolsillo en salud en México ha alcanzado niveles críticos debido a la saturación del sistema público. Al no existir una regulación que obligue a la transparencia de costos en el sector privado, los hospitales operan con una discrecionalidad que perjudica tanto a las aseguradoras como a los asegurados, quienes terminan pagando precios inflados por insumos básicos y honorarios médicos.
La propuesta legislativa cuenta con el respaldo técnico del Centro de las Finanzas Públicas y estudios actuariales que demuestran que la transparencia no compromete la rentabilidad del sector privado, sino que fomenta una competencia sana. El legislador concluyó que seguirá construyendo acuerdos con todas las fuerzas políticas para asegurar que el dictamen sea votado por unanimidad en las próximas semanas.
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