Los legisladores de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez y Jorge Álvarez Máynez, presentaron este jueves ante la Cámara de Diputados una demanda de desafuero en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La solicitud incluye también al senador Enrique Inzunza Cázares y al presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, con el objetivo de retirarles la protección constitucional y que enfrenten procesos judiciales.
La acción legal se fundamenta en las acusaciones de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, la cual señala a los funcionarios por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y el tráfico ilícito de sustancias controladas. Según los demandantes, la gravedad de la investigación de origen internacional requiere que los señalados comparezcan ante la justicia sin el blindaje que otorga el fuero político.
Mecanismos de remoción y base constitucional
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su Artículo 116, contempla la posibilidad de remover a un gobernador de su cargo. No obstante, el proceso no es automático. Existen vías legales definidas como el juicio político, la declaración de procedencia (desafuero) y la desaparición de poderes en la entidad federativa.
«No se trata únicamente de un trámite legislativo, sino de una decisión con implicaciones políticas profundas», subrayó Álvarez Máynez a través de sus redes sociales. El proceso ahora dependerá de la evaluación parlamentaria para determinar si existen elementos suficientes que justifiquen el retiro de la inmunidad procesal de los servidores públicos mencionados.
Procedimientos en las entidades federativas
Aunque la carta magna federal establece las bases generales, los procedimientos concretos y las causales específicas para la remoción de un mandatario estatal dependen de lo estipulado en la Constitución de cada estado. En este escenario, el Poder Legislativo federal deberá coordinar las acciones institucionales de alto nivel para dar curso a la demanda de la bancada naranja.
La demanda se presenta en un contexto donde los señalamientos de autoridades estadounidenses colocan la situación en una dimensión diplomática, debido a la naturaleza de los delitos imputados por la fiscalía neoyorquina, relacionados con la seguridad transnacional.
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