El Instituto Politécnico Nacional (IPN) anunció la terminación de su convenio con la Fundación Politécnico A.C. y la creación de una nueva asociación civil para administrar las aportaciones voluntarias de su comunidad. Según una tarjeta informativa emitida este 20 de abril de 2026, la institución decidió concluir el acuerdo desde el 11 de julio de 2025 al considerar que el instituto carecía de participación en la gestión de los recursos y en la toma de decisiones.
La administración del IPN, encabezada por Arturo Reyes Sandoval, justificó la medida bajo el argumento de garantizar que los fondos recaudados se utilicen exclusivamente para el beneficio estudiantil, evitando la intervención de intereses privados. Esta reestructuración ocurre en un contexto de crisis financiera que, en marzo pasado, provocó la suspensión de servicios de internet y retrasos en pagos de becas y sueldos en diversos planteles.
Disputa por recursos y becas en el extranjero
La institución vinculó las irregularidades en la entrega de apoyos para programas internacionales con la gestión de la fundación presidida por Vicente Gutiérrez Camposeco. Específicamente, se mencionó un fondo de aproximadamente 200 millones de pesos destinado a becas en la Queen Mary University of London. El Politécnico deslindó su responsabilidad sobre los retrasos en estos pagos, señalando directamente a la asociación civil como encargada de dichos recursos.
Movilizaciones estudiantiles y crisis operativa
La situación financiera ha derivado en protestas de la comunidad. El pasado 16 de abril, estudiantes irrumpieron en las instalaciones de Canal Once para denunciar el abandono institucional, la obsolescencia de equipos y la falta de insumos en laboratorios. Tras negociaciones, los alumnos lograron una transmisión en vivo donde presentaron un pliego petitorio que incluye la exigencia de renuncia del director general.
El IPN denunció la existencia de una campaña de desprestigio impulsada por «intereses oscuros» ante las críticas recibidas. No obstante, reportes periodísticos confirman que la falta de liquidez ha provocado la interrupción de actividades académicas y administrativas en las últimas semanas, lo que motivó la creación de la nueva figura legal para intentar recuperar el control financiero de los donativos.
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