El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) advirtió que el déficit fiscal total para 2026 podría aproximarse al 5% del Producto Interno Bruto (PIB), cifra significativamente superior al 4.1% proyectado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esta presión en las finanzas públicas se deriva del conflicto bélico en Oriente Medio, que ha disparado los precios del petróleo y forzado al Gobierno Federal a aplicar subsidios extraordinarios a los combustibles.
De acuerdo con el boletín mensual del organismo, el gobierno mexicano destina aproximadamente 5 mil millones de pesos por semana para subsidiar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas. De mantenerse los precios del crudo en 100 dólares por barril, el «quebranto» para el erario podría superar los 220 mil millones de pesos al cierre del año, lo que equivale al 0.6% del PIB y a la mitad de lo recaudado por este concepto en 2025.
Alerta por cambios en el «gasto corriente estructural»
El IMEF expresó su preocupación ante la iniciativa presentada en el Congreso para modificar la definición de «gasto corriente estructural», con el fin de excluir de esta categoría los sueldos del sector público y el gasto en programas sociales. Esta maniobra técnica permitiría al Ejecutivo gastar por encima de lo autorizado originalmente en el presupuesto, incrementando el déficit amplio y comprometiendo la estabilidad fiscal del país a mediano plazo.
La encuesta de expectativas del Instituto anticipa que el balance tradicional cerraría en 4% tanto en 2026 como en 2027. No obstante, si se modifica la definición de gasto, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) serían mucho mayores, dificultando la consolidación fiscal necesaria tras el incremento de las presiones inflacionarias globales.
Inversión privada hila 17 meses a la baja
La inversión privada en México continúa en una fase crítica, sumando 17 meses consecutivos de caída. Según el IMEF, factores externos como la revisión del T-MEC y elementos internos como los efectos de la reforma judicial mantienen inhibido el flujo de capitales. El inicio del conflicto internacional en febrero de 2026 ha agravado este escenario, dificultando cualquier posibilidad de recuperación de la inversión fija bruta en el corto plazo.
A este panorama de desconfianza se suma la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que facultó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial previa. El Instituto señaló que esta medida ignora el principio de presunción de inocencia y deja a los cuentahabientes en situación de indefensión, debilitando aún más el ánimo de inversión en un momento donde se requiere reactivar la confianza empresarial.
Presiones inflacionarias y tasas de interés
El incremento en los precios de energéticos y fertilizantes ha elevado la inflación en todo el mundo, lo que ha llevado al Fondo Monetario Internacional (FMI) a advertir sobre alzas en las tasas de interés en un entorno de desaceleración económica. En México, la persistencia de una inflación subyacente alta dificulta que las tasas de interés retomen una trayectoria a la baja, lo que encarece el costo del financiamiento para empresas y familias.
Finalmente, el IMEF urgió a fortalecer los mecanismos para identificar los recursos ilícitos del crimen organizado —estimados por el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. en 30 mil millones de dólares anuales—, pero enfatizó que esto no debe ocurrir a costa de generar incertidumbre jurídica para quienes operan dentro de la ley. La estabilidad institucional, concluyó el organismo, es fundamental para evitar una mayor erosión del crecimiento económico nacional.
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