En 2023, el sistema judicial de México registró una abrumadora proporción de sentencias condenatorias, con nueve de cada diez casos cerrando con una sanción penal, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal (CNIJF-E) 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De las 47,739 personas sentenciadas a nivel nacional, 43,921 recibieron una condena, representando un 92% del total.
Este alto porcentaje de sentencias condenatorias se registró principalmente en estados como Ciudad de México, Estado de México y Chihuahua, donde más del 90% de los casos concluyó con una condena para los imputados. Por su parte, el Inegi reportó que sólo un 7.5% de los procesados, es decir, 3,561 personas, obtuvieron una absolución.
Nuevo León destacó como el estado con mayor porcentaje de sentencias absolutorias: de las 2,186 sentencias dictadas en 2023, 504 resultaron en absolución, lo que representa un 23%. Por el contrario, en Oaxaca, todas las 634 personas imputadas fueron vinculadas a proceso, revelando un panorama judicial implacable en la entidad.
Otro dato notable fue el caso de Michoacán, que presentó una proporción casi igualitaria entre sentencias condenatorias y absolutorias. En 2023, el estado dictó condenas a 296 personas y otorgó absoluciones a 303, una distribución que contrasta con el promedio nacional y muestra un equilibrio inusual en el sistema judicial local.
El reporte del Inegi también reflejó que, a nivel nacional, se vincularon a proceso a 81.6% de los imputados en causas penales, un total de 140,584 casos. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) fue la autoridad que procesó al mayor número de personas, con 24,081 vinculaciones, consolidándose como uno de los principales órganos de impartición de justicia en el país.
Este patrón de sentencias condenatorias plantea un debate sobre la equidad y el debido proceso en el sistema de justicia mexicano. Las cifras del Inegi subrayan una tendencia de alta penalización en la mayoría de los estados, lo que según expertos podría indicar tanto una política de justicia estricta como posibles deficiencias en el acceso a una defensa efectiva para los imputados.
La alta tasa de condenas y la baja proporción de absoluciones han generado preocupación en organismos de derechos humanos y en el ámbito judicial, que señalan el riesgo de que el sistema priorice condenas sobre una evaluación justa de cada caso. La falta de mecanismos sólidos para la absolución y la elevada vinculación a proceso podrían estar limitando el derecho de los imputados a un juicio justo y equilibrado, generando un sistema que prioriza la condena por encima de la presunción de inocencia.
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