El diputado federal Pedro Haces Barba presentó este viernes una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos con el objetivo de elevar a rango legal la prohibición de las máquinas tragamonedas ilegales en el país. La propuesta busca cerrar los espacios jurídicos que permiten la operación de estos dispositivos, los cuales generan ingresos ilícitos estimados en 600 millones de pesos semanales.
La iniciativa responde a una problemática de seguridad pública, pues el legislador señaló que estas máquinas operan fuera de la supervisión oficial y suelen ser utilizadas por niñas, niños y adolescentes. Según cifras oficiales, entre enero de 2024 y marzo de 2026, las autoridades han asegurado más de 2 mil 147 máquinas tragamonedas en diversos operativos a nivel nacional.
Vacíos legales y seguridad pública
Actualmente, la restricción de estos dispositivos se encuentra estipulada únicamente en el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Esta condición ha facilitado que operadores y dueños de establecimientos recurran a la interposición de amparos, logrando mantener la operación de una actividad que se vincula directamente con delitos como la extorsión, el fraude y el lavado de dinero.
Haces Barba subrayó que el problema ha escalado hasta normalizarse en entornos comunitarios. El planteamiento legislativo no solo busca la prohibición explícita, sino otorgar certeza jurídica para que el Estado actúe con mayor eficacia frente a focos de ingresos que fortalecen a grupos delictivos bajo la fachada de entretenimiento recreativo.
Sanciones y responsabilidad institucional
La reforma contempla una actualización de las sanciones para quienes participen en la cadena de operación de estas máquinas. Esto incluye a quienes distribuyan, instalen o financien los dispositivos, pero también establece responsabilidades para el servidor público que, por omisión o protección directa, permita la permanencia de esta actividad ilegal en espacios públicos y comercios.
Además, la propuesta legislativa tipifica castigos específicos para quienes coaccionen a comerciantes, mediante amenazas o violencia, para instalar estas máquinas. Con ello, se busca proteger a los pequeños empresarios que son víctimas de redes de extorsión que utilizan los dispositivos como mecanismo de recaudación en barrios y colonias.
Impacto en el tejido social
Desde la perspectiva del desarrollo social, el legislador enfatizó que la proliferación de las máquinas tragamonedas deteriora el tejido social y fomenta riesgos de adicción en menores de edad. Al ser dispositivos sin control ni vigilancia, su presencia en establecimientos comunes incrementa la vulnerabilidad de las familias y afecta la economía popular en sectores de escasos recursos.
La iniciativa será analizada en comisiones de la Cámara de Diputados, donde se espera que el debate se centre en el fortalecimiento del Estado de derecho y la erradicación de economías subterráneas. De aprobarse, el marco legal mexicano contaría con herramientas más contundentes para combatir una actividad que, hasta hoy, ha aprovechado las debilidades del reglamento vigente.
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