Organizaciones ambientales, encabezadas por Greenpeace y la Alianza Mexicana contra el Fracking, manifestaron su rechazo a la intención del Gobierno de México de utilizar la fracturación hidráulica para la extracción de gas natural. Esta postura surge tras el planteamiento de la administración federal de analizar nuevas tecnologías de explotación para reducir la dependencia de las importaciones, que actualmente cubren el 75% del consumo nacional.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se realizarán estudios sobre el uso de técnicas de fracturación no convencionales, como el empleo de agua de mar, con el objetivo de recuperar la «soberanía energética». Aunque la mandataria rechazó el uso del «fracking tradicional», las organizaciones civiles cuestionaron la viabilidad y el impacto ambiental de estas alternativas.
Impacto ambiental y crisis climática
En un comunicado conjunto, las ONG señalaron que el gas extraído está compuesto principalmente por metano, un elemento que acelera la crisis climática global. Greenpeace afirmó que apostar por combustibles fósiles retrasa la transición hacia energías limpias y advirtió que la soberanía no se alcanzará mediante reservas menguantes.
“Aún cuando se pudiera extraer todo el gas que hay en nuestro subsuelo, este sería insuficiente para abastecer la creciente demanda”, publicó la organización, enfatizando que el uso de estos recursos no soluciona el déficit energético estructural del país.
Costos operativos y viabilidad tecnológica
Otro punto de controversia es la dependencia tecnológica y el costo financiero del proyecto. Según el reporte de las organizaciones, México no cuenta con la tecnología necesaria para el «fracking sustentable», lo que obligaría a su importación. Se estima que la instalación de cada planta tendría un costo de entre 5 y 10 millones de dólares, sin considerar los gastos operativos.
Las organizaciones cuestionaron si Petróleos Mexicanos (Pemex) está en condiciones de asumir dichas inversiones dada su actual deuda financiera. Asimismo, recordaron que el rechazo a esta técnica fue un compromiso de campaña, advirtiendo sobre afectaciones potenciales en estados como San Luis Potosí, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Coahuila y Nuevo León.
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