Petróleos Mexicanos (Pemex) logró el control total del pozo de gas Krem-1 en Las Choapas, Veracruz, tras 145 días de fuga y explosiones registradas desde el 5 de marzo. El incidente afectó a más de cinco mil personas de 29 comunidades, además de provocar daños al ecosistema y pérdidas en el ganado de la región.
Impactos en la salud e inacción regulatoria
Especialistas alertaron que la población, principalmente de comunidades indígenas, estuvo expuesta a gases tóxicos como ácido sulfúrico, benceno, etilbenceno y metano, lo que requiere atención médica especializada y revisiones periódicas. Por su parte, la Alianza Mexicana contra el Fracking señaló que la constante de la empresa estatal ha sido la opacidad, citando como antecedente un derrame registrado en febrero en la plataforma Abkatún del complejo Cantarell.
«Una vez más se están tratando de tapar con curitas un daño que va a ser por muchos años […], puede ser que en diez, en 15 años, empecemos a ver el grueso de los impactos como enfermedades a la salud respiratoria, enfermedades como cáncer», afirmó Alejandrina Jiménez, coordinadora de la organización.
Hasta el momento, ni la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) ni la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han anunciado sanciones contra la empresa estatal por el manejo del siniestro.
Respuesta oficial y debate sobre la técnica de extracción
A través de un comunicado emitido el 2 de agosto, Pemex confirmó el control del pozo exploratorio y anunció que las compensaciones se gestionarán mediante diálogo directo con autoridades y comunidades, manteniendo además unidades médicas móviles en la zona.
La Alianza Mexicana contra el Fracking remarcó que este accidente, derivado de un pozo que utiliza la técnica de fracturación hidráulica, evidencia fallas en los protocolos de prevención y en la capacidad de respuesta de la empresa ante proyectos de extracción de hidrocarburos a gran profundidad.
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