El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados exigió este viernes a Petróleos Mexicanos (Pemex) transparentar los protocolos de seguridad y los dictámenes de certificación operativa de la refinería Dos Bocas, en Tabasco. La demanda surge tras el reporte de un nuevo incendio ocurrido ayer en las instalaciones del complejo denominado oficialmente como «Olmeca».
Los legisladores federales calificaron la situación de la planta como una «crisis de operatividad» que ha derivado en tragedias recurrentes. Según el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, el intento de cambiar el nombre a la infraestructura no ha logrado mitigar los problemas técnicos ni la opacidad en los protocolos de Protección Civil, los cuales consideran obsoletos para la magnitud del proyecto.
Impacto en Derechos Humanos
Por su parte, el diputado Daniel Chimal enfatizó que los incidentes en la refinería trascienden la falla técnica, convirtiéndose en presuntas violaciones a los derechos humanos. Citando criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que el riesgo constante afecta el derecho a la salud, a un medio ambiente sano y a la vida digna de las comunidades aledañas y trabajadores.
La bancada panista urgió a que los dictámenes de seguridad no solo sean nacionales, sino que cuenten con aval internacional para garantizar su credibilidad. Subrayaron que la falta de implementación de estándares rigurosos ha provocado accidentes fatales recientemente, lo que evidencia una presunta negligencia en la gestión de la planta construida durante el sexenio anterior.
Balance financiero y operativo
En el ámbito económico, la oposición denunció que la refinería ha fallado en entregar la soberanía energética prometida, acumulando resultados financieros negativos. De acuerdo con las cifras presentadas por los legisladores, la obra sufrió un sobrecosto crítico, elevándose de una proyección inicial de 140 mil millones de pesos a un gasto final cercano a los 420 mil millones de pesos.
Finalmente, el PAN sostuvo que el Gobierno federal debe garantizar fehacientemente que la infraestructura es segura para evitar más daños materiales y ecológicos, como los derrames de hidrocarburos reportados en las costas del Golfo de México. La propuesta incluye que la opinión pública conozca la magnitud real de los riesgos operativos antes de continuar con los niveles actuales de producción.
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