Durante la madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados dio inicio a la etapa de discusión del dictamen que propone reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La Mesa Directiva informó al Pleno sobre la presentación del proyecto de decreto, emanado de la Comisión de Gobernación y Población, el cual busca otorgar nuevas atribuciones técnicas a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
El núcleo de la propuesta legislativa radica en la adición de la fracción I Sexies al artículo 36 de la citada ley. Con esta modificación, se pretende que la dependencia pueda participar activamente en la construcción, rehabilitación y equipamiento de establecimientos destinados a la prestación de servicios de salud, siempre que medie una solicitud de las autoridades federales competentes.
Justificación técnica y alcances
El dictamen, que ha sido integrado tras el análisis de la iniciativa presentada por la titular del Ejecutivo, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, argumenta la necesidad de optimizar los recursos públicos mediante la experiencia de la SICT en obras de gran escala. Según el documento, esta colaboración institucional permitiría que la inversión en salud se transforme en activos más resilientes y duraderos.
La propuesta enfatiza que la intervención de la SICT no supone una invasión de facultades de otras dependencias, sino un mecanismo de auxilio institucional. El objetivo central es alinear la infraestructura hospitalaria con las metas de modernización establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.
Restricciones financieras y normativas
Un aspecto crucial del proyecto que entra a debate es su carácter de costo cero para el erario público adicional. Las erogaciones que se generen deberán ser cubiertas exclusivamente con el presupuesto ya aprobado para la SICT, sin posibilidad de solicitar incrementos presupuestarios para este fin durante el presente ejercicio fiscal.
De avanzar el proceso legislativo y concretarse su aprobación definitiva, el Ejecutivo Federal contará con un periodo de 180 días hábiles para realizar las adecuaciones a los reglamentos y normas vigentes. Por ahora, el dictamen se mantiene en la fase de discusión parlamentaria tras cumplir con los requisitos de publicidad oficial.
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