La Cámara de Diputados aprobó este jueves en lo particular, mediante votación nominal de 343 votos a favor y 124 en contra, el dictamen de reforma constitucional que modifica los artículos 115, 116 y 134. La medida establece que el presupuesto anual de las legislaturas locales no podrá exceder el 0.70% del presupuesto de egresos total de su respectiva entidad federativa.
El proyecto, defendido por el diputado Leonel Godoy Rangel de Morena, busca eliminar lo que calificó como «gastos onerosos» en los estados y municipios. La reforma obliga al Senado de la República a realizar un ajuste progresivo de sus recursos para alcanzar una reducción acumulada del 15% en términos reales en los próximos cuatro años.
Reingeniería en ayuntamientos y paridad
En el ámbito municipal, la reforma dispone que cada Ayuntamiento se integre por una presidencia, una sindicatura y hasta 15 regidurías. Esta disposición incluye criterios de paridad de género vertical y horizontal, asegurando una distribución equilibrada en las candidaturas competitivas y la integración de bloques de competitividad basados en resultados electorales previos.
Los recursos excedentes derivados de estos recortes administrativos no regresarán a la Federación, sino que quedarán en el patrimonio de la hacienda pública municipal. El mandato constitucional exige que dichos ahorros se destinen prioritariamente a la construcción de infraestructura pública en beneficio directo de la población local.
Críticas de la oposición
Durante el debate, la diputada Abigail Arredondo Ramos del PRI calificó la iniciativa como un «modelo de control que centraliza decisiones» y debilita el federalismo. Por su parte, el grupo parlamentario del PAN señaló que la reforma no atiende problemas de fondo como la seguridad o la salud, y cuestionó la falta de datos técnicos que sustenten los ahorros proyectados.
El dictamen también prohíbe que consejeros y magistrados electorales adquieran seguros de gastos médicos privados o pensiones especiales con recursos públicos. Las legislaturas estatales tienen como fecha límite el 30 de mayo de 2026 para armonizar sus leyes locales con este nuevo decreto constitucional, que entrará en vigor de manera plena tras su publicación oficial.
Información relacionada
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.