El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, calificó como un «golpe mortal al federalismo» la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma constitucional del denominado ‘Plan B’ que limita el presupuesto de los Congresos locales al 0.70% de los egresos estatales. El dirigente denunció que la medida, impulsada por la mayoría de Morena y Movimiento Ciudadano, busca centralizar el poder político bajo el argumento de la austeridad.
Moreno Cárdenas sostuvo que la reducción presupuestaria responde a una estrategia para debilitar las capacidades de fiscalización de las legislaturas estatales. Según el líder partidista, la medida no busca una verdadera eficiencia administrativa, sino «estrangular» a los organismos encargados de vigilar el ejercicio de los recursos públicos en las entidades federativas.
Críticas a la asignación de recursos
Respecto a la disposición de que los ahorros generados se destinen a infraestructura municipal, el dirigente del PRI puso en duda el destino final de esos fondos. Aseguró que la falta de mecanismos claros de supervisión podría derivar en el uso electoral de los recursos o en actos de corrupción, desvirtuando la narrativa oficial de beneficio social a nivel local.
El posicionamiento del priista ocurre apenas unas horas después de que se avalaran las modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 constitucionales. Para la dirigencia tricolor, la convergencia de votos entre Morena y Movimiento Ciudadano representa un pacto político que elimina contrapesos fundamentales para la estabilidad democrática del país.
Defensa del federalismo
«No es disciplina financiera, es autoritarismo disfrazado», afirmó Moreno Cárdenas, quien reiteró que su instituto político se mantendrá como la única oposición con capacidad de resistencia ante el bloque oficialista. Destacó que la defensa de la libertad de los estados y la rendición de cuentas serán los ejes de la estrategia jurídica y política que el partido emprenderá en respuesta a esta reforma.
La reforma, que ahora pasa a los congresos locales para su ratificación, obliga a una reestructuración administrativa profunda en los estados. El PRI adelantó que analizará todas las vías legales para impugnar las disposiciones que vulneren la autonomía de las entidades, al considerar que se está «desmantelando» la estructura institucional del federalismo mexicano.
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