La diputada federal Ivonne Ruiz Moreno presentó una iniciativa para reformar la Ley de Aguas Nacionales, con el objetivo de crear un Programa Especial de Infraestructura Hídrica dirigido a zonas metropolitanas de alta densidad poblacional. La propuesta busca establecer criterios de priorización obligatorios basados en el estrés hídrico, la densidad demográfica, el déficit de suministro y la vulnerabilidad social, con especial énfasis en el Estado de México y municipios colindantes con la Ciudad de México.
Según el proyecto, este instrumento legal permitiría planear, financiar y evaluar acciones de modernización para reducir las pérdidas físicas en las redes y optimizar la distribución del recurso. La legisladora señaló que la normativa vigente no contempla mandatos específicos ni recursos etiquetados permanentes para atender las necesidades diferenciadas de las grandes concentraciones urbanas.
Reformas a la Ley de Aguas Nacionales
La iniciativa propone integrar una sección específica en el artículo 115 de la mencionada ley. En este apartado, se establece que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con estados y municipios, deberá promover la eficiencia de la infraestructura hidráulica. Ruiz Moreno subrayó que la ejecución se instrumentaría mediante convenios de coordinación interinstitucional, respetando la competencia constitucional de los ayuntamientos.
La propuesta técnica busca armonizar la política hídrica nacional con la realidad local de la entidad mexiquense, la cual se encuentra entre las de menor disponibilidad hídrica per cápita en el país. Datos de la Conagua y estudios sectoriales citados en la exposición de motivos confirman que diversos acuíferos de la región presentan condiciones de sobreexplotación.
Impacto social y salud pública
La legisladora advirtió que la insuficiencia de infraestructura y la falta de suministro continuo afectan directamente la salud pública y el funcionamiento de instituciones básicas como escuelas y centros de salud. Además, destacó que esta carencia genera costos adicionales para las familias, quienes deben recurrir a la compra de agua a través de camiones cisterna o sistemas de almacenamiento doméstico.
Finalmente, el proyecto enfatiza que el fortalecimiento de la sostenibilidad del recurso a mediano y largo plazo es indispensable para garantizar el derecho humano al agua. La iniciativa sostiene que la infraestructura actual en el Estado de México refleja deficiencias profundas que perpetúan la marginación de los sectores más vulnerables de la población metropolitana.
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