El activista Alfredo Lecona y el director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, señalaron este viernes inconsistencias en las cifras de personas desaparecidas presentadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Los especialistas cuestionaron que la administración federal reporte 43 mil 128 personas sin localizar, cuando existen más de 72 mil cuerpos sin identificar en los servicios médicos forenses del país.
Lecona afirmó en entrevista que el gobierno «borró de un plumazo» casi 87 mil casos al reclasificar las categorías de búsqueda durante la conferencia de prensa de este 27 de marzo. El defensor de derechos humanos criticó la justificación oficial de catalogar 46 mil 742 expedientes como «casos sin datos suficientes», argumentando que obtener dicha información es responsabilidad directa de las fiscalías y la Comisión Nacional de Búsqueda.
Cuestionamientos a la metodología oficial
Según Lecona, la narrativa gubernamental contradice la realidad operativa del Estado. «¿Cómo es posible que hayan menos reportes que las personas que oficialmente no han sido identificadas?», cuestionó el activista, refiriéndose a la acumulación de restos en los Semefo. Señaló que la desintegración de la percepción de justicia afecta concretamente las labores de localización de las víctimas.
Por su parte, Francisco Rivas reconoció que, aunque existen personas reportadas como desaparecidas que están vivas y alejadas de sus familiares, el problema central radica en la falta de seguimiento de los registros por parte del Estado. Rivas sostuvo que el cruce de información que realiza actualmente el gobierno debió ser una práctica constante para evitar el abultamiento o la imprecisión de las bases de datos.
Denuncias de revictimización en fiscalías
El director del Observatorio Nacional Ciudadano denunció que las fiscalías estatales mantienen prácticas de maltrato y burla hacia los familiares que acuden a denunciar una desaparición. Rivas afirmó que la prioridad del Gobierno Federal parece ser la «cuestión reputacional» para evitar la cifra de 130 mil desaparecidos, en lugar de corregir las fallas estructurales del sistema.
«Lo grave es todo lo que está fallando intermedio: un Estado que no sabe dónde está su población y que, cuando alguien desaparece, no puede ir a buscarlo», concluyó Rivas. Los expertos coincidieron en que la estrategia actual busca reducir el impacto estadístico sin resolver la crisis de identificación forense ni garantizar la atención digna a las víctimas indirectas.
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