Un juez de control giró órdenes de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y su exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, por su presunta responsabilidad en la ejecución extrajudicial de cuatro indígenas en la comunidad de Arantepacua. La medida judicial, confirmada por la Fiscalía General del Estado (FGE), incluye también a 14 agentes de la policía estatal por delitos de homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad.
Los hechos ocurrieron el 5 de abril de 2017, durante un operativo ordenado por la administración de Aureoles para recuperar vehículos de carga retenidos por comuneros purépechas en el municipio de Nahuatzen. La incursión armada resultó en la muerte de cuatro civiles —incluyendo un menor de edad—, 31 heridos y 38 detenciones que posteriormente fueron calificadas como ilegales.
Irregularidades y recomendaciones de la CNDH
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en 2020 la recomendación 42VG/2020, tras documentar violaciones graves a la vida, la integridad personal y el interés superior de la niñez. El organismo acreditó que la policía estatal realizó cateos ilegales en 56 viviendas de la comunidad.
Asimismo, el juez de control Juan Salvador Alonso Mejía determinó en su momento liberar a los indígenas detenidos luego de que la defensa demostrara que el gobierno estatal «sembró» armas de fuego y fabricó pruebas. Aunque la administración de Aureoles atribuyó el ataque inicial a un líder del cártel de «Los Viagras», las investigaciones judiciales actuales se centran en la cadena de mando de la fuerza pública.
Otros procesos judiciales vigentes
Esta nueva orden de aprehensión se suma a un proceso previo que enfrenta el exmandatario por el presunto desvío de más de mil millones de pesos relacionados con la construcción de cuarteles de la Guardia Civil. Por este caso de corrupción ya se encuentran detenidos excolaboradores de alto nivel, entre ellos los exsecretarios de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza, y de Seguridad, Antonio Bernal Bustamante.
Juan Bernardo Corona Martínez también cuenta con un mandamiento judicial pendiente por este desfalco financiero. Con la resolución actual, las autoridades estatales buscan cumplimentar las capturas para iniciar el proceso penal por los hechos de violencia en la meseta purépecha y el manejo de recursos públicos durante el sexenio anterior.
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