La presidencia de la Cámara de Diputados demandó al Ejecutivo federal transparentar la metodología del reciente informe sobre personas desaparecidas. La petición surge tras detectar una discrepancia significativa entre los registros del padrón oficial y las acciones penales iniciadas por las autoridades de procuración de justicia.
La diputada presidenta, Kenia López Rabadán, reconoció la presentación del documento gubernamental tras varios meses de espera. Sin embargo, advirtió que de las 46 mil 742 personas reportadas como desaparecidas en el nuevo corte, las fiscalías únicamente documentan 3 mil 869 carpetas de investigación activas.
Rezago institucional
Para dimensionar la brecha operativa, la legisladora citó las últimas mediciones del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas. Dicha instancia internacional documentó previamente un índice de impunidad superior al 99 por ciento en el procesamiento de estos delitos en territorio nacional.
Ante la falta de expedientes ministeriales, el órgano legislativo solicitó conocer los mecanismos específicos que implementará el Estado para recabar información de búsqueda. El planteamiento busca garantizar procesos exhaustivos que otorguen certeza jurídica y operativa a los familiares de las víctimas.
Discusión electoral
En una agenda legislativa paralela, San Lázaro recibió la minuta enviada por el Senado de la República correspondiente a las modificaciones en materia político-electoral. El documento fue turnado inmediatamente a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral para su análisis técnico.
El debate parlamentario se centrará en las modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 constitucionales. La Cámara alta excluyó del dictamen final las alteraciones al artículo 35, apartado referente a los lineamientos operativos para los procesos de revocación de mandato.
Las comisiones dictaminadoras cuentan con un plazo reglamentario de cinco días para emitir el proyecto resolutivo. Se proyecta que el documento final sea sometido al pleno legislativo para su eventual discusión y votación entre el 8 y 9 de abril.
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