La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó la madrugada de este jueves la recepción de una minuta del Senado que propone reformar la Constitución para establecer controles presupuestarios en las legislaturas estatales. El proyecto, que modifica los artículos 115, 116 y 134, busca limitar el gasto de los congresos locales a un máximo del 0.70% del presupuesto de egresos de sus respectivas entidades federativas, mejor conocido como el ‘Plan B’ de la Reforma Electoral.
El documento fue remitido a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral para su dictamen. Además de las restricciones financieras, la minuta introduce la prohibición de la reelección de diputados a las legislaturas de los estados para el periodo inmediato posterior, marcando un ajuste significativo en la dinámica política de las entidades.
Ajustes en órganos electorales y paridad
La reforma también plantea que las remuneraciones de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), magistrados y titulares de áreas ejecutivas no excedan los límites establecidos en el artículo 127 constitucional. Adicionalmente, se prohíbe la contratación con recursos públicos de seguros de gastos médicos mayores, de vida o pensiones privadas para estos funcionarios, salvo lo previsto por la ley.
En materia de integración gubernamental, la minuta establece que los ayuntamientos deberán conformarse bajo principios de paridad de género vertical y horizontal. Este criterio de igualdad sustantiva también será obligatorio para la integración y el funcionamiento de los órganos legislativos locales, buscando institucionalizar la perspectiva de género en el ejercicio del poder público municipal y estatal.
Protección de datos y derechos laborales
A la par de la reforma política, la Mesa Directiva dio cuenta de otras seis minutas, entre las que destaca una reforma a la Ley Federal del Trabajo. Esta propuesta prohíbe el uso de sistemas de registro de datos personales sensibles de trabajadores que se separen de su empleo, con el fin de evitar que dicha información sea utilizada para condicionar o limitar su acceso a nuevas oportunidades laborales.
Asimismo, se enviaron a comisiones proyectos para garantizar el interés superior de la niñez, prohibiendo el uso de su imagen con fines comerciales en el sistema educativo sin consentimiento expreso. También se busca facultar a la Secretaría de Gobernación para coordinar de manera institucional la repatriación segura y digna de ciudadanos mexicanos, en colaboración con la cancillería.
Receso legislativo y oficialía de cumplimiento
En la misma sesión, el pleno de la Cámara de Diputados otorgó el consentimiento constitucional para que el Senado de la República suspenda sus sesiones ordinarias por más de tres días. Este receso institucional comenzará este jueves 26 de marzo y concluirá el próximo 6 de abril, conforme a lo establecido en el artículo 68 de la Constitución Política.
Finalmente, se dio entrada a una propuesta para adicionar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que permitiría a las empresas designar un Oficial de Cumplimiento. Esta figura sería responsable de supervisar las políticas de integridad empresarial, alineándose con estándares internacionales. La Mesa Directiva citó a los diputados para la próxima sesión el martes 7 de abril a las 11:00 horas.
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