El Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el nuevo Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas, el cual establece lineamientos de observancia obligatoria para los tres niveles de gobierno. La actualización destaca por la eliminación del término “persona no localizada”, lo que obliga a las autoridades a iniciar una carpeta de investigación y acciones de localización de manera inmediata ante cualquier denuncia, sin esperar el cumplimiento de plazos previos.
El acuerdo, aprobado por el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en diciembre de 2025, estipula que la actuación oficial debe regirse bajo el principio de presunción de vida. Esta normativa busca evitar demoras burocráticas y unificar los criterios de búsqueda, identificación y localización de ciudadanos en todo el territorio nacional, entrando en vigor al día siguiente de su publicación oficial.
Modalidades y herramientas de localización
El protocolo define cinco tipos de búsqueda específicos para responder a distintos contextos de desaparición: inmediata, individualizada, por patrones, generalizada y de familia. Para dar soporte a estas modalidades, el documento incorpora el uso de herramientas tecnológicas y bases de datos coordinadas entre instituciones federales y estatales.
Entre los instrumentos integrados para fortalecer la respuesta del Estado se encuentran la Plataforma Única de Identidad, la Alerta Nacional de Búsqueda y la Base Nacional de Carpetas de Investigación. Asimismo, se refuerza el uso de datos biométricos para optimizar los procesos de identificación humana y la trazabilidad de cada caso registrado en el país.
Participación ciudadana y enfoque de derechos
La elaboración de este marco operativo incluyó consultas públicas realizadas durante 2025 con la participación de familiares de personas desaparecidas, colectivos y organizaciones civiles. El texto final incorpora un enfoque de derechos humanos que incluye perspectiva de género y atención especializada para grupos en situación de vulnerabilidad.
Finalmente, el protocolo impone la obligación a las fiscalías y comisiones de búsqueda de mantener actualizado el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. La coordinación interinstitucional será articulada por el Sistema Nacional de Búsqueda, asegurando que la información sea compartida de forma transparente para mejorar la eficacia en la localización de las víctimas.
Información relacionada
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.