Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron este martes el dictamen de la reforma electoral denominada ‘Plan B’. Con una votación de 24 votos a favor y 11 en contra, el proyecto avanzó al Pleno legislativo en medio de una visible fractura en la coalición oficialista por la ausencia del Partido del Trabajo (PT).
La inasistencia de los senadores petistas respondió a la falta de acuerdos en el artículo 35 constitucional, específicamente en lo relativo a la consulta de revocación de mandato. El grupo parlamentario del PT ha manifestado su rechazo a las restricciones que impedirían a la oposición el uso de tiempos oficiales, mientras se permite el proselitismo directo de la titular del Ejecutivo.
Cuestionamientos al Pacto Federal
Durante el debate, la oposición centró sus críticas en la presunta vulneración de la autonomía de los estados y municipios. La senadora priista Claudia Anaya advirtió que la iniciativa mandata a los congresos locales y ayuntamientos a realizar ajustes presupuestales sin una debida fundamentación, lo que a su juicio transgrede la división de poderes.
Anaya señaló que los artículos transitorios de la reforma pretenden incidir directamente en las facultades de los estados y el propio Senado. «Lo que quieren es meterse en un poder, en un estado, en un municipio, en donde quiera se quieren meter, pero eso no les corresponde», enfatizó la legisladora zacatecana durante su intervención.
Críticas de la oposición técnica
Por su parte, el senador Ricardo Anaya (PAN) calificó la propuesta como deficiente en su elaboración técnica y alertó sobre lo que llamó una «trampa» en las reglas de la revocación de mandato. Según el panista, el texto permite a la persona sujeta al proceso promover el voto a su favor, mientras prohíbe a la oposición el acceso a propaganda y tiempos oficiales de difusión.
En este sentido, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas (MC) coincidió en que la narrativa de austeridad utilizada por el Ejecutivo es un «pretexto» para convertir la revocación de mandato en una «ratificación de popularidad». Colosio argumentó que las reducciones salariales y de privilegios ya están contempladas en el artículo 127 constitucional, por lo que la reforma resultaría en una sobrerregulación innecesaria.
El respaldo del PVEM
A diferencia de procesos previos donde mantuvo reservas, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) cerró filas con la iniciativa. El senador Luis Alfonso Silva Romo defendió el dictamen bajo el argumento de que la reducción de privilegios en cabildos y congresos locales permitirá liberar recursos para infraestructura y programas sociales.
Silva Romo sostuvo que el rechazo de las bancadas opositoras responde a la pérdida de canonjías y no a una preocupación técnica. Con este respaldo, Morena y sus aliados del Verde alcanzaron la mayoría necesaria en comisiones para turnar el proyecto a la Mesa Directiva, previéndose su discusión ante el Pleno este miércoles 25 de marzo.
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