La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal a implementar una estrategia de seguridad emergente en la Carretera Federal 57, tras estimarse una incidencia delictiva de un asalto cada 51 minutos en esta vía estratégica para el comercio nacional.
Los diputados Luis Gerardo Sánchez Sánchez y Rubén Moreira Valdez informaron que, durante el último año, se han abierto al menos 16 mil carpetas de investigación relacionadas con delitos en esta ruta. El reporte legislativo destaca que entre el 68% y el 80% de estos robos se ejecutan con violencia, impactando directamente en la integridad de transportistas y usuarios particulares.
Impacto económico y operativo
De acuerdo con los datos presentados en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la inseguridad en esta vía ha generado pérdidas materiales superiores a los 7 mil millones de pesos. El sector transportista es el más afectado, lo que compromete la estabilidad de las cadenas de suministro que conectan el centro con el norte del país.
El exhorto está dirigido a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a la Guardia Nacional. Los legisladores demandan la integración de operativos de vigilancia permanente en tramos específicos de alta peligrosidad, como San Luis de la Paz, Tepeji del Río y el trayecto de Matehuala a Monterrey.
Riesgos por infraestructura y transporte
Por su parte, el coordinador parlamentario Rubén Moreira calificó a la vía como una «trampa» debido a la proliferación de retenes falsos, el uso de artefactos «ponchallantas» y la operación de grupos dedicados a la modalidad de «montachoques». Estas condiciones, señaló, no solo afectan al transporte de carga, sino también a turistas y migrantes en tránsito.
A la problemática delictiva se suma el factor de la seguridad vial. La diputada Abigail Arredondo Ramos advirtió que la omisión en la regulación de camiones de doble semirremolque es la causa principal de siniestros. Tan solo en 2025 se contabilizaron más de 1,250 accidentes, mientras que en el tramo México-Querétaro el saldo acumulado desde 2020 registra 183 fallecimientos.
Propuestas de fiscalización local
La propuesta priista también contempla un llamado a los gobiernos estatales para coadyuvar en la vigilancia de los territorios que atraviesa la carretera. El diputado Mario Calzada Mercado sugirió que la estrategia incluya cateos en comunidades aledañas para desarticular los puntos de venta de mercancía robada a vacacionistas y transportistas.
El tema será llevado a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la próxima semana, con el objetivo de elevar el nivel de la discusión institucional ante la gravedad de los indicadores presentados. Los legisladores enfatizaron que garantizar la seguridad en las vías generales de comunicación es una obligación constitucional irrenunciable de la autoridad federal.
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