La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó atraer una queja presentada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para definir qué autoridad cuenta con la facultad de representar a la Hacienda Pública en casos de contrabando de combustibles. La resolución busca esclarecer un conflicto de competencias entre el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) derivado de la transferencia de facultades aduaneras iniciada en 2022.
Este miércoles, el máximo tribunal aprobó por unanimidad el proyecto del ministro Irving Espinosa Betanzo. El caso tiene su origen en la revocación de la vinculación a proceso de Edgar Marín Meza Moreno, accionista de la empresa Impulsora de Productos Sustentables, quien es investigado por su presunta participación en un esquema de «huachicol fiscal» y defraudación en aduanas detectado en 2019.
Antecedentes del conflicto competencial
El 13 de noviembre del año pasado, un tribunal colegiado de apelación en Veracruz canceló el proceso contra Meza Moreno al considerar que la vinculación fue emitida incorrectamente. Los magistrados argumentaron que, tras la entrada en vigor del reglamento de la ANAM en enero de 2022, el delito de contrabando es competencia exclusiva de dicha agencia y no del SAT.
Debido a que en la audiencia de julio de 2025 la Hacienda Pública fue representada por funcionarios del SAT, el tribunal de alzada determinó que la representación legal fue inadecuada, invalidando el auto de vinculación a proceso obtenido previamente por la Fiscalía General de la República (FGR).
Definición de facultades hacendarias
Ante esta resolución, el SAT promovió un recurso de queja y solicitó en enero de 2026 la intervención de la Suprema Corte. El objetivo es que los ministros establezcan un criterio definitivo sobre qué organismo debe intervenir en los litigios por delitos aduaneros cometidos antes y después de la creación de la ANAM.
La decisión de la SCJN resulta clave para la continuidad de las investigaciones por «huachicol fiscal», ya que de validarse el criterio del tribunal de Veracruz, otros procesos similares donde el SAT haya actuado como representante podrían verse afectados por vicios de competencia técnica.
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