La diputada federal Ana González González, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, presentó este lunes una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El proyecto propone adicionar un párrafo tercero al artículo 54 del citado ordenamiento con el objetivo de establecer la obligatoriedad de la accesibilidad universal y la implementación de ajustes razonables en beneficio de infantes con discapacidad.
La legisladora argumentó que la inclusión plena requiere la eliminación de barreras físicas, digitales y actitudinales mediante un diseño para todas las personas. Según el documento presentado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, las autoridades estarían obligadas a garantizar adaptaciones personalizadas para permitir el acceso a entornos físicos, información y transporte.
La reforma especifica que los ajustes razonables deberán aplicarse en espacios educativos, de salud, recreativos, culturales y comunitarios. Asimismo, plantea la necesidad de proveer materiales en formatos accesibles, tales como lectura fácil, braille y lengua de señas mexicana, además de apoyos tecnológicos especializados para facilitar el desarrollo de los menores.
Obligaciones del Estado y adecuaciones físicas
De acuerdo con el texto de la iniciativa, ningún servicio público podrá excluir o limitar el acceso a sus instalaciones por falta de condiciones de accesibilidad. La propuesta del PRI enfatiza que las instituciones deben implementar adecuaciones comunicacionales y pedagógicas que permitan la participación plena de niñas y niños en la vida pública y escolar.
González González precisó que la discapacidad en la infancia no define el potencial de la persona, sino que representa una limitación funcional que se convierte en obstáculo ante la falta de apoyos adecuados. En su exposición, sostuvo que las barreras en el entorno restringen la autonomía y la participación social de este sector de la población.
La congresista subrayó que la accesibilidad no debe ser considerada una acción discrecional por parte de las autoridades, sino una obligación legal ineludible para erradicar la discriminación. La iniciativa busca asegurar que el Estado mexicano garantice la igualdad sustantiva, alineándose con los principios de justicia social de la LXVI Legislatura.
Finalmente, el proyecto legislativo fue turnado a las comisiones correspondientes para su análisis y dictaminación. La propuesta se presenta en un contexto donde el fortalecimiento del marco jurídico de protección a grupos vulnerables es parte de la agenda institucional de la bancada priista.
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