El diputado federal Daniel Chimal García, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), solicitó formalmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un informe detallado sobre los resultados de las acciones contra el denominado «huachicol fiscal». El legislador instó al titular de la dependencia, Edgar Amador, a transparentar las cifras de decomisos, personas detenidas y el impacto real al erario derivado de este mercado ilícito.
De acuerdo con un informe de Petróleos Mexicanos (PEMEX) citado por el legislador, las pérdidas generadas por este delito han tenido una repercusión directa en las finanzas del Estado equivalente al 14.4 por ciento. Chimal García señaló que, a pesar de los operativos desplegados, el robo y contrabando de combustible persiste como un factor que vulnera la estabilidad financiera del país.
Impacto presupuestal y eficacia operativa
Cifras oficiales indican que durante el ejercicio fiscal 2025 se reportaron pérdidas por 23 mil 491 millones de pesos a causa del robo de hidrocarburos. El diputado federal criticó la falta de una estrategia integral, calificando las acciones actuales como insuficientes y orientadas a la proyección mediática de la administración federal, sin lograr desterrar el problema de fondo.
El legislador panista advirtió sobre la posible participación de funcionarios federales en estas redes ilícitas, mencionando casos previos que involucraron a mandos de la Armada de México. En ese sentido, subrayó que la Secretaría de Hacienda no debe ser omisa ante irregularidades que comprometen los recursos públicos destinados al desarrollo nacional.
Antecedentes y mecanismos de control
Chimal García recordó la controversia en Tamaulipas, donde se demandó una explicación al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, por un operativo que inicialmente fue calificado como un decomiso histórico y posteriormente fue cuestionado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Estos eventos, señaló, evidencian la necesidad de contar con mecanismos de verificación independientes.
Finalmente, la propuesta legislativa busca dotar de mayores insumos técnicos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a las Fuerzas Armadas. La intención, según el legislador, es establecer un sistema de control y acción más robusto que permita contener la erosión de los ingresos fiscales y garantizar la integridad del sector energético nacional.
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