Colectivos de familiares de personas desaparecidas tomaron de manera indefinida las oficinas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para exigir la renuncia de la titular, Namiko Matzumoto Benítez. Las cinco organizaciones inconformes acusan a la funcionaria de obstaculizar procesos de localización y de implementar medidas excluyentes que derivan en la revictimización de las familias.
La protesta estalló tras señalar que el nombramiento de Matzumoto, realizado por el Congreso por un periodo de cuatro años, fue una designación por «dedazo» en la que no se consultó a las agrupaciones de búsqueda. Olga Lidia Salazar Hernández, representante de las colectivas «Unidas por Amor a Nuestros Desaparecidos» y «Buscando Nos Encontramos Córdoba», cuestionó la legitimidad del cargo al afirmar que la actual comisionada no figuró en la convocatoria inicial emitida el año pasado.
Acusaciones de revictimización y fiscalización
Las familias denunciantes sostienen que la administración actual ha implementado estudios socioeconómicos que vulneran la intimidad de los deudos. Salazar Hernández demandó la emisión de una nueva convocatoria para designar a una persona que trabaje en favor de las víctimas. «Queremos que renuncie la doctora si es que no va a trabajar para las víctimas», sentenció la activista durante la toma de las instalaciones.
Por su parte, Namiko Matzumoto Benítez rechazó las acusaciones de suspensión de apoyos y aseguró en entrevista que los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral no han sido cancelados. La funcionaria argumentó que su gestión detectó irregularidades financieras por aproximadamente 25 millones de pesos que carecían de soporte documental, por lo que enfatizó la obligación legal de las colectivas de comprobar sus gastos.
Situación actual del conflicto
Mientras las oficinas permanecen bajo el control de los manifestantes, la titular de la comisión estatal reiteró que las medidas de fiscalización son necesarias para garantizar la transparencia del presupuesto público. No obstante, las organizaciones mantienen su postura de no liberar el inmueble hasta que se garantice un cambio en la dirección de la institución y se establezca un mecanismo de atención que priorice los derechos de las familias de desaparecidos.
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