La Embajada Británica en México y el Laboratorio Electoral presentaron este martes el «Protocolo de atención sobre riesgos para las candidaturas en procesos electorales», un documento técnico que revela la documentación de 28 casos de violencia dirigidos específicamente contra aspirantes y candidatos a cargos judiciales entre septiembre de 2024 y octubre de 2025. El informe advierte que, de forma paralela, se registraron 32 incidentes violentos contra funcionarios judiciales en activo, subrayando un entorno de riesgo creciente para la impartición de justicia en el país.
La presentación del protocolo surge como respuesta al deterioro de las condiciones de seguridad detectado en las primeras elecciones judiciales de 2025, las cuales, según el diagnóstico, se llevaron a cabo bajo un escenario de incertidumbre jurídica y falta de un marco regulatorio suficiente. El análisis destaca que la autoridad electoral careció de previsiones iniciales y protocolos especializados para este proceso inédito, lo que obligó a improvisar lineamientos sobre la marcha.
Vulnerabilidad técnica y geográfica
El monitoreo detalló que, de los siete casos de agresiones directas más graves, seis correspondieron a amenazas y uno a secuestro, afectando mayoritariamente a mujeres (4 víctimas) y a perfiles que aspiraban a juzgados de distrito. Las entidades de Chiapas, Michoacán y Guerrero se mantienen como los focos rojos de violencia electoral, aunque los incidentes muestran una dispersión nacional que afecta principalmente el ámbito local.
El estudio de caso de Esmeralda García Santamaría, candidata a jueza de distrito, ejemplifica las fallas del sistema: tras denunciar amenazas y un secuestro en su domicilio, solicitó protección el 28 de mayo; sin embargo, el esquema de seguridad nunca llegó. Además, se reportó que la autoridad notificó a la candidata la obligación de asumir los costos de gasolina y alimentación de los efectivos, lo que acentúa la indefensión de los aspirantes.
Deficiencias en el esquema de protección
El protocolo identifica déficits operativos críticos en el mecanismo actual coordinado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Entre los puntos señalados destaca su carácter reactivo —activándose solo ante amenazas verificadas— y la exclusión de personas en etapas previas al registro formal de candidatura, lo que deja un vacío de protección durante las precampañas.
Como recomendaciones centrales, los organismos proponen la creación de un mapa de riesgos electoral como herramienta de inteligencia preventiva y la obligatoriedad de que los partidos políticos fortalezcan sus filtros de selección para evitar la postulación de personas con vínculos criminales. Asimismo, instan a las fiscalías a profesionalizar la investigación de delitos electorales, integrando pruebas de contexto para alcanzar a los autores intelectuales de las agresiones.
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