La Cámara de Diputados aprobó este miércoles por unanimidad de 431 votos la reforma a los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal, la cual establece el consentimiento libre y voluntario como el eje central para tipificar el delito de abuso sexual. Con esta modificación, el sistema de justicia mexicano dejará de presumir el consentimiento a partir del silencio, la pasividad o la falta de resistencia física de la víctima.
El dictamen, enviado al Ejecutivo para su publicación, determina que el abuso sexual se perseguirá de oficio, eliminando la obligatoriedad de la denuncia de la víctima como requisito único para la acción penal. La reforma precisa que el delito comprende cualquier acto sexual realizado sin consentimiento, incluyendo tocamientos, roces corporales, caricias y exhibiciones explícitas, buscando cerrar espacios de impunidad técnica.
Debate por presupuesto y penalidades
Un punto de controversia técnica durante la sesión fue la modificación de las sanciones. La pena de cárcel vigente, que oscilaba entre los 6 y 10 años, se ajustó a un rango de 3 a 7 años de prisión. Los legisladores argumentaron que esta medida busca evitar el «populismo punitivo» y que la disminución se compensa con un nuevo sistema de agravantes que pueden incrementar la penalidad en una tercera parte.
No obstante, integrantes de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señalaron que la efectividad de la reforma depende estrictamente de la asignación de recursos. La diputada Xitlalic Ceja García advirtió que, sin una partida presupuestaria que garantice ministerios públicos capacitados y peritos especializados, las modificaciones legales corren el riesgo de convertirse en «letras muertas» en el texto constitucional.
Por su parte, la diputada Ariana del Rocío Rejón (PRI) enfatizó que la violencia sexual es un fenómeno persistente que requiere una respuesta institucional integral. Durante su intervención, subrayó que no se puede legislar «desde la comodidad» sin asegurar que el Estado cuente con la infraestructura necesaria para proteger, investigar y acompañar a las víctimas de manera efectiva.
La iniciativa surge en el contexto de la armonización legislativa derivada de la agresión sufrida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en noviembre de 2025. El proyecto original busca adaptar el marco jurídico nacional a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y perspectiva de género, incorporando también medidas de reparación integral y cursos de reeducación para los agresores.
Finalmente, aunque la reforma fue avalada por todas las fuerzas políticas, legisladores del Partido del Trabajo y de la oposición coincidieron en que queda pendiente la revisión de los beneficios de preliberación. El dictamen establece que se aplicarán agravantes específicas cuando el delito sea cometido por servidores públicos, ministros de culto o mediante el uso de sustancias que anulen la voluntad de la víctima.
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