Expertos y legisladores advirtieron que la iniciativa para instaurar la figura de jueces sin rostro en casos de delincuencia organizada contraviene la Constitución y tratados internacionales. Durante el inicio de la discusión pública en el Senado de la República, especialistas señalaron que el anonimato judicial vulnera el derecho a un juicio justo y no ha garantizado la seguridad de los juzgadores en otros países.
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, reconoció que legislar esta figura sin atender la Convención Americana de Derechos Humanos sería una contradicción. El legislador admitió que el reto es corregir la propuesta para que no contravenga el artículo 8.1 de dicha Convención ni las resoluciones de la ONU.
Objeciones técnicas y derechos humanos
María Luisa Aguilar, representante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, expuso que el anonimato impide a los procesados conocer la identidad de quien los juzga. Esto imposibilita verificar la competencia del juzgador, cuestionar su imparcialidad o promover una recusación.
«Impide conocer quién juzga, verificar si ha sido sancionado o inhabilitado y ejercer un control democrático sobre su actuación», advirtió Aguilar. Asimismo, señaló que esta figura vulnera los principios de concentración e inmediación, ya que no existe certeza de que la misma persona juzgadora presida todo el proceso y dicte la sentencia tras conocer directamente las pruebas.
Antecedentes y propuestas de control
En el debate se citó el caso de Colombia, donde la implementación de jueces anónimos durante la época del narcoterrorismo no evitó el amedrentamiento o asesinato de magistrados. Por su parte, Susana Camacho Maciel, de México Evalúa, previó que de aprobarse la reforma en sus términos actuales, el Estado mexicano recibirá recomendaciones de organismos internacionales.
Ante las críticas, se plantearon posibles modificaciones a la iniciativa:
- Revisar si la solicitud de reserva de identidad debe iniciarla el Ministerio Público o el Órgano de Administración Judicial.
- Incluir controles estrictos y revisiones periódicas sobre la temporalidad de la medida.
- La creación de un comité civil técnico que autorice la identidad reservada, propuesta sugerida por Rubén Pacheco Inclán, de la Barra Interamericana de México, para intentar compatibilizar la norma con los estándares internacionales.
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