La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que la consulta pública convocada para revisar los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias debe servir para eliminar ambigüedades normativas, salvaguardar la libertad de expresión y determinar si dichos criterios resultan aplicables a las conferencias mañaneras del Poder Ejecutivo federal y de los gobiernos locales.
En conferencia de prensa previa al inicio de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente en el Senado de la República, la legisladora sostuvo que el marco regulatorio propuesto contiene disposiciones que facultan a la autoridad administrativa para calificar información como falsa o descontextualizada, supervisar decisiones de las defensorías de las audiencias e imponer sanciones, lo que derivaría en mecanismos de censura sobre los contenidos editoriales.
La representante parlamentaria destacó que estas preocupaciones son compartidas por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT). En ese sentido, puntualizó que la protección a los derechos de los radioescuchas y televidentes debe armonizarse con el ejercicio periodístico, sin permitir intervenciones gubernamentales en la definición de las líneas informativas de los medios de comunicación.
Asimismo, López Rabadán enfatizó que, ante el contexto de inseguridad y violencia en el país, el Estado está obligado a proteger el ejercicio de quienes informan, cuestionan e invisibilizan los riesgos al hacer públicas las demandas sociales.
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Posición sobre proceso de admisión en la UNAM
En otro tema abordado durante el encuentro con medios, la presidenta de la Mesa Directiva hizo un llamado a aguardar las conclusiones que emita la comisión técnica para la revisión del examen de ingreso a la licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tras las irregularidades advertidas en las pruebas de admisión.
La legisladora reconoció la postura del rector Leonardo Lomelí, al señalar que la administración universitaria actuó de manera oportuna al no ocultar ni minimizar las inconsistencias del proceso de selección.
Finalmente, la diputada federal subrayó que la máxima casa de estudios debe ofrecer resoluciones sustentadas, transparentes y objetivas que brinden certidumbre jurídica a las y los aspirantes que participaron de buena fe en las evaluaciones académicas.
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