El Gobierno de Puebla iniciará operativos de verificación y sanción contra 3 mil 137 concesionarios del transporte público que incumplieron con el Programa de Modernización y Regularización. El gobernador Alejandro Armenta advirtió que las unidades que operen de manera irregular serán retiradas de circulación, priorizando la seguridad de los usuarios sobre cualquier fin recaudatorio.
Durante la revisión del padrón estatal, se determinó que 21 mil 786 concesionarios —el 88% del total— cumplieron satisfactoriamente con los trámites normativos. No obstante, la administración estatal identificó un remanente de transportistas que, pese a tener sus pagos al corriente, omitieron presentar la revista vehicular, lo que legalmente los hace sujetos a la revocación de sus permisos.
Esquema de sanciones y multas
La titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), Silvia Tanús Osorio, detalló que las sanciones económicas se dividirán en dos vertientes: los concesionarios que acudan voluntariamente a regularizarse pagarán una multa de 165 UMAS, mientras que aquellos detectados en operativos estratégicos enfrentarán una sanción de 245 UMAS.
La funcionaria precisó que estas acciones no constituyen una prórroga, sino un proceso de regularización forzosa. Los infractores deberán cubrir la multa ante la Secretaría de Planeación y Finanzas y, posteriormente, acudir a las instalaciones del Estadio Cuauhtémoc para completar la inspección física de las unidades y recibir el nuevo emplacamiento.
Contexto de la modernización
El Ejecutivo estatal enfatizó que durante el último año se otorgaron facilidades fiscales y fondos de financiamiento para la adquisición de vehículos nuevos. Según la SMT, el registro vigente del transporte en la entidad está conformado por 24 mil 730 permisionarios, de los cuales 16 mil 514 realizaron la revista vehicular y 3 mil 321 se integraron al censo estatal.
Armenta señaló que el ordenamiento institucional busca proteger a los pequeños transportistas que poseen una o dos unidades, diferenciándolos de los grandes empresarios del sector que manejan hasta 400 vehículos y cuentan con capacidad financiera propia. «Un vehículo irregular no garantiza seguridad para las familias», puntualizó el mandatario.
Excepciones y próximos pasos
Quedarán exentos de estas sanciones inmediatas aquellos transportistas que se encuentren en la etapa final de trámites por cesión de derechos o que hayan solicitado formalmente el apoyo del 20% a fondo perdido para la renovación de flota. La autoridad mantendrá el seguimiento técnico de estos expedientes para asegurar su transición a la legalidad.
Los operativos de vigilancia se desplegarán de manera prioritaria en zonas con alta incidencia de transporte «pirata» y en rutas donde se ha detectado el uso de documentación apócrifa. Con esta medida, el gobierno estatal busca cerrar el ciclo de regularización iniciado en 2025 y garantizar que el 100% de la flota activa cuente con estándares mínimos de seguridad.
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