Diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron este martes un punto de acuerdo de urgente resolución para exhortar a Petróleos Mexicanos (PEMEX) a restituir el reconocimiento de Campeche como entidad federativa productora de petróleo. La bancada denunció que la paraestatal modificó su Base de Datos Institucional, sustituyendo el nombre del estado por el término «Aguas territoriales».
La iniciativa, impulsada por los legisladores Christian Castro Bello, Ariana Rejón Lara y Emilio Lara Calderón, advierte que esta modificación técnica no es menor, pues impacta directamente en la asignación de recursos federales. Al desdibujar la identidad geográfica de la producción, el estado corre el riesgo de quedar excluido de las participaciones del Fondo de Extracción de Hidrocarburos.
Riesgos hacendarios y presupuestales
De acuerdo con el documento presentado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la condición de estado productor es el sustento legal que permite a la entidad acceder a donaciones y convenios de infraestructura social. Los legisladores señalaron que la actual administración federal pretende «invisibilizar» la aportación de yacimientos estratégicos como Cantarell y Ku Maloob Zaap, este último responsable del 40% de la producción nacional.
La diputada Rejón Lara enfatizó que la estadística institucional debe reflejar la realidad geográfica para garantizar la continuidad de la entrega de materiales y recursos económicos. El cambio de estatus, sostienen los priistas, colocaría a la entidad en una situación de vulnerabilidad hacendaria ante posibles recortes en los programas de beneficio social vinculados a la industria energética.
Crisis de proveedores en Carmen
El vicecoordinador del GPPRI, Castro Bello, vinculó esta situación con la falta de cumplimiento en los pagos a empresas asentadas en el municipio de Carmen. Denunció que desde 2018 se han acumulado pasivos que han derivado en el cierre de negocios locales y una crisis de empleabilidad, agravada por el incumplimiento de la promesa presidencial de trasladar las oficinas centrales de la paraestatal a la isla.
«Basta de proveedores sin pago y empleos perdidos; Campeche no pide favores, exige justicia», declaró el legislador, quien calificó de «burla» la ambigüedad en la nueva nomenclatura de PEMEX. El bloque opositor exigió que la paraestatal realice las gestiones administrativas necesarias para que la base de datos retome el rigor geográfico previo.
Impacto histórico y ambiental
El argumento legislativo retoma la trayectoria petrolera del litoral campechano iniciada en 1971. Los diputados recordaron que, si bien el estado ha sostenido la economía nacional durante décadas, esto ha generado costos significativos en materia de seguridad, salud pública e impacto ambiental que no han sido compensados proporcionalmente en el desarrollo integral de la población.
Finalmente, el diputado Lara Calderón reiteró que el desarrollo energético de México se cimentó sobre el esfuerzo del estado. El punto de acuerdo busca que la Cámara de Diputados obligue a la paraestatal a transparentar sus registros y garantice que los beneficios de la actividad extractiva sigan etiquetados para el territorio que genera la riqueza.
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