El presidente municipal de Iguala, Erik Catalán Rendón, presentó un proyecto de actualización al Bando de Policía y Gobierno que contempla sanciones contra ciudadanos y periodistas que emitan críticas hacia su administración. La propuesta busca castigar con amonestaciones, multas, trabajo comunitario o arresto administrativo a quienes, a través de cualquier medio o plataforma digital, afecten la «dignidad y honorabilidad» de los funcionarios públicos.
Detalles de las modificaciones propuestas
Reporteros locales alertaron sobre el intento de modificar el reglamento municipal, detectando adiciones en artículos relacionados con el orden público y las faltas administrativas. Inicialmente, las restricciones se ubicaron en el artículo 234, pero tras una filtración el 16 de enero, el proyecto fue presentado en el Cabildo con los cambios trasladados al artículo 341.
Las fracciones propuestas pretenden sancionar tres conductas específicas:
- Expresar injurias contra instituciones o personas en lugares públicos.
- Difamar o amenazar a través de cualquier plataforma digital.
- Agredir verbalmente o causar afectación a la honorabilidad y dignidad del alcalde, ediles y servidores públicos.
Oposición en el Cabildo y protestas
El pasado lunes, un grupo de comunicadores protestó frente a la sala de Cabildo para frenar la aprobación. La regidora María del Rosario Bustillos Muñoz denunció que, pese a las observaciones sobre estas medidas, el alcalde insistió en la votación. “El secretario general, Armando Victoria Esquivel, dijo que fue un error, pero el alcalde insistió en que se aprobara y que el secretario se iba a hacer responsable de quitar esos artículos después; nos negamos”, explicó la regidora.
Ante la falta de consenso, Catalán Rendón, postulado por la coalición Morena, PT y PVEM, postergó la aprobación para la siguiente sesión.
Antecedentes de hostilidad hacia la prensa
Periodistas locales han señalado un patrón de confrontación por parte del edil. El reportero Ricardo Almazán Salgado denunció que Catalán solicitó su despido de una televisora tras ganar la elección, debido a críticas realizadas durante la campaña. «Estuve cuatro meses fuera, en febrero del año pasado regresé», detalló Almazán.
Asimismo, se recordó el caso de los hermanos Emmanuel y Eduardo Rueda, administradores de páginas digitales, quienes en julio de 2025 fueron detenidos por la fiscalía bajo cargos de extorsión afuera del ayuntamiento. Los afectados sostuvieron que se trató de una trampa, pues habían acudido a citación del edil para firmar un convenio donde se les pagaría por dejar de publicar críticas a su gestión.
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