Periodistas de Iguala, Guerrero, se manifestaron este lunes frente a la sala de cabildos para exigir al alcalde Erick Catalán y a los miembros del ayuntamiento que no aprueben una modificación al Bando de Policía y Buen Gobierno, la cual contemplaba sanciones a quienes critiquen al presidente municipal y a sus funcionarios.
La propuesta de reforma establecía que cualquier persona que afectara la honorabilidad o dignidad del alcalde, ediles o servidores públicos, ya sea de forma física, verbal o por medios digitales, podría recibir amonestación pública, arresto administrativo, trabajo comunitario o multas. Los periodistas calificaron la medida como una forma de censura que vulnera la libertad de expresión y de prensa, derechos garantizados por la Constitución.
En el pasado, el alcalde Erick Catalán fue señalado por amenazas a trabajadores de medios de comunicación y por el uso de bots para desacreditar la labor de plataformas informativas, lo que derivó en su comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos. Los comunicadores argumentaron que la reforma permitiría a los funcionarios convertirse en juez y parte, al aplicar sanciones sin la intervención del sistema judicial.
Detalles de la reforma
El proyecto de adecuación al artículo 234 del Bando se justificaba bajo el argumento de preservar el orden moral y social, incluyendo la fracción III que sancionaba a quienes “difamen o amenacen por cualquier medio o plataforma digital”. El artículo IV especificaba que se castigaría a quien agreda de cualquier manera la honorabilidad y dignidad de los funcionarios municipales.
Durante la sesión, participaron los 15 ediles, quienes realizaron tres mesas de trabajo con observaciones y ajustes a dos proyectos presentados días antes. Finalmente, la propuesta no fue aprobada, ya que se determinó que su contenido excedía las atribuciones de un Bando de Policía y Buen Gobierno.
Al concluir la sesión, la regidora del PRI, Yurema Arrolló Luna, justificó la propuesta alegando que existían personas que no son periodistas y dirigían insultos a los ediles. Por su parte, el regidor Oscar García informó que los ediles decidieron no votar hasta que se retiren los agregados cuestionados, sin definir fecha para la próxima sesión.
La protesta se desarrolló de manera pacífica y evidencia la tensión entre autoridades municipales y medios de comunicación, quienes denuncian intentos previos del alcalde de limitar críticas, como ocurrió en 2024 con la Agencia Periodística de Investigación (API), tras cuestionamientos sobre la pavimentación de calles.
Los periodistas sostienen que la reforma representa un precedente de censura indirecta, que impediría la supervisión pública de la gestión municipal y limitaría la crítica sobre actos de corrupción o irregularidades administrativas.
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