La consulta del Proyecto del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2025-2045 (PGD) concluye este viernes 10 de abril de 2026 bajo demandas de invalidez por parte del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La dirigencia de este partido en el Congreso capitalino denunció irregularidades, violaciones de derechos y una baja participación ciudadana, la cual estima en apenas 7 mil personas en una ciudad de más de 9 millones de habitantes.
El proceso, iniciado en noviembre de 2025, ha sido objeto de críticas sostenidas por la falta de rigor técnico y transparencia. Según la diputada Tania Nanette Larios Pérez, coordinadora de la bancada priista, el instrumento no se elaboró conforme a lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México, excluyendo a organizaciones civiles, academia, sectores privados y pueblos originarios.
Señalamientos por centralización y falta de técnica
La bancada del PRI sostiene que el contenido del PGD fomenta la centralización del poder público y el debilitamiento de las facultades de las alcaldías. Entre los puntos más controvertidos se encuentra la propuesta de eliminar las Comisiones de Participación Ciudadana (COPACO) para sustituirlas por Asambleas Vecinales, así como la creación de las denominadas «Casas de Gobierno», lo cual es calificado por la oposición como un dispendio de recursos.
«Rechazamos cualquier intento de simulación democrática, centralización del poder público, debilitamiento de las instituciones y violación de derechos», expresó la diputada Larios Pérez mediante un comunicado oficial. La legisladora subrayó que el plan actual carece de consenso y legitimidad debido a la nula difusión y la dificultad para comprender el instrumento por parte de la población general.
Omisiones en la planeación urbana
De acuerdo con la denuncia del grupo parlamentario, el proyecto omite soluciones a problemas estructurales de la capital. Se reporta la ausencia de estrategias para la actualización de los Atlas de Riesgo, el combate a la especulación inmobiliaria y la atención a la crisis ambiental e hídrica. Asimismo, el PRI señala que no existen criterios claros para la aprobación de las 1,257 propuestas presentadas durante el periodo de consulta.
Ante este panorama, la exigencia formal del PRI es declarar la invalidez del PGD y reponer el proceso de consulta desde el inicio. La propuesta busca garantizar que se integren de manera puntual las demandas de las COPACO, poblaciones vulnerables y comunidades residentes, con el fin de evitar la redensificación desmedida y asegurar la protección del patrimonio histórico y cultural de la Ciudad de México.
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