El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que las empresas proveedoras de telefonía móvil son las únicas responsables de resguardar los datos personales de los usuarios. Esta declaración surge tras las denuncias de una presunta brecha de seguridad reportada el pasado 9 de enero, que habría expuesto información sensible de ciudadanos que vincularon su número telefónico con la CURP.
Responsabilidad legal y fiscalización
Monreal explicó que, bajo la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el resguardo de la información no está a cargo del Estado, sino de las compañías privadas. Sin embargo, precisó que el gobierno mantiene la facultad de supervisión.
“Aunque no se trata de un registro a cargo del Estado, este tiene la obligación de supervisar la protección de los datos personales”, subrayó el legislador. Asimismo, informó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ya inició una investigación para identificar posibles irregularidades y determinar responsabilidades por el incidente.
El registro como estrategia de seguridad
La vinculación de líneas telefónicas con la Clave Única de Registro de Población (CURP) responde a los lineamientos publicados el 9 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación. El objetivo es combatir delitos como la extorsión y el fraude telefónico al eliminar el anonimato de los usuarios.
Monreal detalló que el artículo 44 de dichos lineamientos prohíbe estrictamente que las operadoras conserven datos biométricos, fotografías o copias de identificaciones oficiales. Los proveedores solo deben actuar como depositarios de la vinculación de identidad requerida por la ley.
Plazos y sanciones para usuarios
La normativa establece que los ciudadanos tienen hasta el 30 de junio de este año para verificar su identidad y asociar su línea. Aquellos números que no completen el registro serán suspendidos de forma definitiva.
“Una vez concluido dicho proceso, las líneas que no se encuentren vinculadas a un usuario identificado serán suspendidas, quedando habilitadas exclusivamente para llamadas de emergencia y de atención ciudadana”, advirtió el coordinador parlamentario. En caso de que se comprueben fallas en la seguridad informática de las empresas, Monreal garantizó que existe la arquitectura institucional para aplicar las sanciones correspondientes.
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