El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de San Lázaro, impulsa un rediseño institucional que aplaza la segunda elección judicial al primer domingo de junio de 2028. La iniciativa debe aprobarse antes del 9 de junio de 2026 para cumplir con el límite de 90 días previos al proceso electoral estipulado en el artículo 41 constitucional.
Freno a autonomía estatal
El proyecto modifica el artículo 116 constitucional para anular la libertad configurativa de las entidades federativas. Con esta medida legal, los estados quedan obligados a replicar las reglas y procesos del Poder Judicial Federal, deteniendo los esquemas locales de renovación gradual.
En el ámbito procedimental, la reforma introduce la intervención extranjera como una nueva causal explícita de nulidad de los comicios. Este mecanismo normativo se adiciona para modificar los criterios de calificación de los resultados frente a influencias externas.
Filtro de candidaturas partidistas
El Instituto Nacional Electoral albergará la nueva Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas. Este órgano operará junto con el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera para evaluar el riesgo de los aspirantes.
El dictamen establece que los aparatos de inteligencia identificarán riesgos criminales, pero los partidos políticos asumirán la responsabilidad de registrar o rechazar las postulaciones. El gobierno federal transfiere de esta forma el costo operativo e institucional hacia las dirigencias partidistas.
Reorganización de Suprema Corte
De manera paralela, la estructura interna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación experimentará una división operativa. El documento contempla la creación de dos secciones públicas para resolver asuntos de trámite, reservando el Pleno exclusivamente para interpretaciones constitucionales de fondo.
El esquema electoral transita del modelo de circuitos al de distritos judiciales, lo que reduce las opciones a un máximo de dos candidaturas por cargo. La homologación del calendario con la Revocación de Mandato responde al objetivo de desconcentrar la operación logística y logística de las boletas.
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