Más de tres mil familias han sido desplazadas de sus hogares en Sinaloa debido a la violencia del crimen organizado, denunció la senadora Paloma Sánchez Ramos, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La legisladora afirmó que los gobiernos federal y estatal no han implementado un plan integral de atención ni un registro oficial de personas desplazadas.
Sánchez Ramos señaló que las familias se ven obligadas a huir ante amenazas, ataques armados y control territorial del narcotráfico, lo que ha provocado la pérdida de viviendas, patrimonio y condiciones mínimas de seguridad. Según la senadora, el desplazamiento forzado se ha convertido en una tragedia cotidiana ante la omisión de las autoridades.
Iniciativa para víctimas de desplazamiento
La legisladora informó que presentó una iniciativa legislativa para reconocer legalmente a las víctimas del desplazamiento forzado, ya sea por violencia, fenómenos naturales o conflictos sociales. El objetivo es garantizar acceso a vivienda, seguridad y servicios esenciales para estas personas.
La propuesta establece la obligación de las autoridades de proporcionar alojamiento y alimentación en condiciones dignas y seguras desde el momento en que las familias enfrentan la salida forzada de sus hogares. “El desplazamiento forzado no es normal. Son familias destrozadas, vidas en riesgo y sueños truncados”, enfatizó Sánchez Ramos.
La senadora criticó que, frente a esta emergencia humanitaria, el gobierno federal y el gobernador Rubén Rocha se limiten a afirmar que “están trabajando”, mientras los desplazados permanecen sin protección ni atención efectiva, sin condiciones para regresar a sus comunidades.
Sánchez Ramos advirtió que la ausencia de acciones concretas mantiene a miles de sinaloenses en el abandono institucional, sin acceso a vivienda, seguridad ni servicios básicos, a pesar de su extrema vulnerabilidad.
La iniciativa busca que el Estado garantice protección inmediata, mitigando los efectos del desplazamiento y estableciendo mecanismos de asistencia y registro oficial de las personas afectadas.
Con esta medida, la senadora pretende crear un marco legal que reconozca la gravedad del desplazamiento forzado en México y obligue a los gobiernos a asumir responsabilidades frente a los ciudadanos afectados por la violencia.
Más información
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.