La diputada federal Ariana Rejón Lara (PRI) denunció que, por primera vez en 80 años, Petróleos Mexicanos (Pemex) excluyó a más de 50 mil personas —incluyendo 24 mil empleados de confianza activos y 23 mil jubilados— del aumento salarial del 4.5 por ciento que sí se otorgó a los trabajadores sindicalizados. La legisladora calificó la decisión como una violación a los derechos adquiridos y a los principios de igualdad.
Violación de derechos y discriminación
En conferencia de prensa realizada ayer, Rejón Lara enfatizó que la negativa de aumento rompe una tradición de ocho décadas e ignora los derechos adquiridos: “Las pensiones no son un favor ni un regalo, sino un derecho adquirido. Negarles el aumento viola principios constitucionales de igualdad y no discriminación”.
La representante por Campeche detalló que la mayoría de los jubilados perciben pensiones modestas, cercanas a los 9 mil pesos mensuales, y que miles de viudas y beneficiarios dependen de ese ingreso para cubrir necesidades básicas. “Hoy todos ellos han sido ignorados de un plumazo”, señaló, advirtiendo que la exclusión constituye un mensaje de abandono y discriminación.
Advertencia sobre el precedente y silencio de la empresa
La diputada criticó que el director general de Pemex guardara silencio en su comparecencia ante la Cámara de Diputados, evitando explicar la decisión que, según ella, “se quiso manejar en silencio”. Recordó que hace unos días trabajadores y jubilados realizaron un bloqueo en Marina Nacional, frente a la Torre de Pemex, exigiendo igualdad.
Rejón Lara advirtió que la exclusión sienta un precedente peligroso: “Si lo pueden hacer en PEMEX, mañana lo pueden hacer en el IMSS, en el ISSSTE o en cualquier institución del Estado”.
Junto a representantes del Sindicato Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (Untypp) y el vocero de los jubilados de confianza, la diputada exigió a la Secretaría de Energía asumir su responsabilidad y garantizar que las decisiones de Pemex se apeguen a la ley y a la igualdad. “La austeridad no puede ser pretexto para recortar derechos”, concluyó.
Los representantes de la Untypp y los jubilados de confianza coincidieron en que la exclusión constituye un acto de discriminación sindical y exigieron una respuesta puntual de la Secretaría de Hacienda, la dirección de Pemex y la Secretaría de Energía.
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