Representantes de organizaciones de la sociedad civil y la Alianza Mexicana de Abogados presentaron una solicitud formal ante el Senado de la República para declarar la desaparición de poderes en Sinaloa, argumentando una crisis de inseguridad severa y presuntos vínculos de autoridades locales con la delincuencia organizada.
La petición fue respaldada por la senadora Paloma Sánchez Ramos, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien señaló que la entidad acumula casi 21 meses consecutivos de violencia que han vulnerado la paz y la justicia para los habitantes del estado.
El documento entregado a los legisladores fundamenta la solicitud con cifras de incidencia delictiva, entre las que destacan 2 mil 815 homicidios y 3 mil 878 personas desaparecidas, de las cuales el 70 por ciento continúan sin ser localizadas. El reporte incluye además el asesinato de 108 menores de edad y el robo de 10 mil 809 vehículos.
Impacto económico e institucional
En el ámbito financiero, los promoventes documentaron pérdidas económicas estimadas en 170 mil millones de pesos. Estas cifras reflejan una caída del 35 por ciento en la economía estatal, la pérdida de 38 mil empleos y el cierre de casi 7 mil empresas, afectando sectores productivos clave como la agricultura, el comercio y el turismo.
Ricardo Beltrán Verduzco, presidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados, expuso que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo estatal se encuentran severamente cuestionados ante lo que calificó como la peor tragedia en la historia de la entidad, misma que ha provocado un clima permanente de temor y el éxodo de habitantes.
De manera paralela al trámite en el Senado de la República, los representantes ciudadanos informaron sobre su presencia en la Fiscalía General de la República (FGR) para dar seguimiento a las denuncias interpuestas contra exfuncionarios y funcionarios en activo de Sinaloa, exigiendo la aplicación de los mecanismos legales vigentes.
El objetivo central de estas acciones jurídicas e institucionales, de acuerdo con los promoventes, consiste en restablecer las condiciones para el desarrollo económico y social de la entidad, recuperar la gobernabilidad y garantizar la seguridad integral de la población sinaloense.
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