Durante la discusión en el pleno de la Cámara de Diputados en materia de la Ley General de Aguas; y la Ley de Aguas Nacionales, el legislador Rubén Moreira Valdez cuestionó la constitucionalidad de la reforma, al afirmar que no se realizó la consulta obligatoria a los pueblos originarios prevista en el artículo 2º de la Constitución y en el Convenio 169 de la OIT. Sostuvo que esta omisión permitiría que cualquier comunidad afectada pudiera impugnar el proceso ante la Suprema Corte.
Moreira expuso que las reservas presentadas por la mayoría legislativa no modifican el fondo del dictamen, al considerar que mantienen disposiciones que podrían permitir reasignaciones de volúmenes y afectar a productores rurales. Señaló que, pese a los ajustes, el texto conserva la prohibición de transmitir derechos concesionados —establecida en el artículo 22— y la operatividad del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, previsto en los artículos 37 Bis, 37 Bis 1 y 37 Bis 2.
Artículos en disputa
El diputado destacó que el Fondo se integraría, entre otros elementos, con volúmenes derivados de extinción de títulos de concesión, cesiones previstas en el artículo 29 y transmisiones asociadas a sucesiones, fusiones y escisiones. Según Moreira, estos elementos permitirían a la autoridad redistribuir volúmenes privilegiando usos determinados y sometiendo las decisiones a un comité integrado por diversas dependencias federales.
Asimismo, subrayó que el segundo transitorio establece que seguirán vigentes disposiciones previas salvo en materia de transmisión y cambio de uso, lo que, a su juicio, implica efectos retroactivos. Añadió que el artículo 29 Bis prevé la pérdida del derecho concesionado en caso de no uso, salvo el pago de una cuota de garantía, situación que —dijo— podría afectar a productores.
Réplica de la mayoría legislativa
En respuesta, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que las reservas presentadas —18 en total— no ponen en riesgo los derechos de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios. Indicó que su propuesta al artículo 43 busca regular los sistemas comunitarios de agua bajo el marco del artículo 2º constitucional, sin afirmar que existiera una consulta previa.
Monreal sostuvo que la reforma no afecta concesiones campesinas ni permite su extinción arbitraria, y argumentó que el dictamen se orienta a impedir prácticas de acaparamiento y tráfico de agua. Invitó a revisar “artículo por artículo” para contrastar afirmaciones y reiteró que la mayoría legislativa “jamás traicionará a los campesinos”.
Debate político
La discusión escaló cuando Moreira insistió en que la falta de consulta constituye la “premisa inicial” del debate y la razón para votar en contra. También cuestionó las modificaciones de la mayoría, al considerar que mantienen beneficios para sociedades civiles y mercantiles en materia de transmisión preferente de derechos, sin incluir a personas productoras individuales.
Entre llamados al orden desde la Mesa Directiva, el debate continuó con intercambios directos entre ambos coordinadores. Moreira reiteró que el grupo mayoritario “debe mostrar la consulta realizada”, mientras que Monreal pidió circunscribir la discusión a las reservas planteadas.
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