La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados anunció que solicitará el aplazamiento de la discusión del dictamen de la Ley Nacional de Aguas argumentando que el proyecto «elimina la certeza jurídica en las concesiones y criminaliza a los trabajadores del campo”. El dictamen está programado para discutirse el próximo miércoles en la Comisión de Recursos Hidráulicos.
Críticas a la centralización y sanciones
El diputado Paulo Martínez afirmó en conferencia de prensa que la propuesta «castiga al campo mexicano, criminaliza a los trabajadores» al ampliar el catálogo de sanciones de carácter penal. Además, señaló que la ley “pone en riesgo a la industria, pone en riesgo al comercio y por supuesto a los municipios y organismos operadores que no garantizan el derecho humano al agua”.
Martínez consideró que la reforma “sigue centralizando el agua en manos de la Federación”, al quitar la oportunidad de realizar trámites en los estados. El legislador también apuntó que se “elimina la certeza jurídica en las concesiones, en los títulos de concesión, que va ligado también a la cuestión de la propiedad de la tierra”.
El diputado panista reconoció que el dictamen ya no prohíbe la transmisión de concesiones, pero advirtió que «lo condiciona completamente a la aprobación de la Federación» a través de un comité de agua conformado por instituciones como Conagua, Semarnat, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría del Bienestar.
Señalamientos por falta de presupuesto
Por su parte, el diputado del PAN, Marcelo Torres, criticó que la reforma no incluye asignaciones financieras, por lo que “sin presupuesto queda en una simple propaganda”. El legislador aseguró que “Morena presenta una ley sin presupuesto porque su plan no es resolver el agua, es tener el control político, es ponerle el pie en el cuello al sector productivo”.
Torres calificó el dictamen como “la mayor simulación hídrica en décadas” y subrayó que “el campo necesita agua y necesita inversión, pero este dictamen, repito, no trae una sola solución presupuestal, es absolutamente inaceptable”. También destacó que la industria está siendo “totalmente castigada” al requerir certeza hídrica para producir, crecer y generar empleo.
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