Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) solicitaron formalmente a la Secretaría Anticorrupción un informe detallado sobre las operaciones financieras, estatus jurídico y acuerdos comerciales entre la empresa Broxel, dependencias del Gobierno federal y la fracción parlamentaria de Morena en San Lázaro.
La petición surge tras documentarse que el representante legal de la compañía, Karlo Gerardo Siliceo Valdespino, es hermano del actual titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda, Miguel Sergio Siliceo Valdespino, quien además mantiene una licencia vigente en Bancomext.
De acuerdo con los diputados federales Federico Döring, Ernesto Sánchez y Paulina Rubio, la firma financiera opera actualmente como proveedora de monederos electrónicos para los legisladores del partido mayoritario, acumulando señalamientos por presuntos pagos en exceso y adeudos millonarios con 39 instituciones públicas.
Los legisladores de oposición calificaron estas asignaciones como un esquema operativo recurrente, comparando la relación comercial de Broxel con casos previos vinculados a familiares de actores gubernamentales y funcionarios del ámbito electoral, argumentando un uso discrecional de los recursos públicos para fines partidistas.
En el ámbito local, el secretario general del PAN en la Ciudad de México, Héctor Barrera, y la diputada Laura Álvarez Soto cuestionaron la efectividad de las investigaciones oficiales en materia de fiscalización. Señalaron que los anuncios de congelamiento de cuentas y apertura de expedientes contra funcionarios suelen concluir sin el deslinde de responsabilidades.
Como ejemplo de esta dinámica institucional, la dirigencia panista refirió el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y los procedimientos previos vinculados al entorno de Guadalupe Taddei, señalando que las medidas cautelares financieras anunciadas por las autoridades son posteriormente revertidas sin transparencia hacia la opinión pública.
La solicitud ingresada ante las instancias de fiscalización busca obligar a la administración federal a transparentar el volumen total de recursos erogados hacia la firma financiera y determinar las posibles responsabilidades administrativas derivadas del vínculo consanguíneo en la estructura de la Secretaría de Hacienda.
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