Diversas organizaciones empresariales y sociales del país condenaron el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre durante un evento público. A través de un comunicado, manifestaron su consternación y exigieron al Gobierno Federal y al del Estado de Michoacán implementar acciones inmediatas para frenar la violencia que afecta a la región.
El documento recuerda que Manzo Rodríguez había solicitado apoyo reiteradamente a las autoridades federales para enfrentar a los grupos criminales que operan en su municipio. “Este crimen no puede quedar impune”, subraya el pronunciamiento, que exige el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables conforme a la ley.
Escalada de violencia en Michoacán
Las agrupaciones advirtieron que la violencia en Michoacán y otras regiones del país mantiene a la población en un estado de temor constante y pone en riesgo la vida de quienes trabajan por el desarrollo de sus comunidades. Recordaron también el asesinato de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, registrado el 19 de octubre.
En el comunicado se señala que, pese a las recientes visitas de funcionarios federales y estatales a Apatzingán, los encuentros no incluyeron a sectores clave como el productivo, académico, religioso ni a los integrantes de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, así como a los propios alcaldes.
Exigen reunión con autoridades
Ante la situación de inseguridad, las organizaciones demandaron una reunión inmediata con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el gobernador de Michoacán y su gabinete de seguridad, para conocer las estrategias implementadas y los resultados esperados.
El texto advierte que el avance de la criminalidad frena el crecimiento económico, debilita las instituciones y profundiza la desconfianza social, por lo que pidieron una acción conjunta entre el Estado y la sociedad para recuperar la paz.
Finalmente, los firmantes reiteraron su llamado a trabajar unidos por la estabilidad, la justicia y la paz, destacando que solo mediante la cooperación y la responsabilidad compartida será posible reconstruir el tejido social y garantizar la seguridad en las comunidades.
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