El diputado federal del PRI, Luis Gerardo Sánchez Sánchez, respaldó la aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, pero advirtió que será necesario fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para garantizar resultados efectivos.
Durante la sesión ordinaria del 28 de octubre de 2025, el legislador señaló que la extorsión se ha convertido en “una de las tragedias más graves y silenciosas del país”, al recordar que el delito aumentó más de 30% desde 2019, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Aumento de denuncias y víctimas
Sánchez indicó que el número de carpetas de investigación por extorsión pasó de cinco mil a 11 mil en los últimos años, y que el pico más alto se registró en 2022. Subrayó que estas cifras representan “familias extorsionadas, negocios cerrados y autoridades amenazadas”, y destacó que la extorsión afecta tanto a la ciudadanía como a funcionarios municipales.
El legislador recordó su experiencia como alcalde de San Luis de la Paz, Guanajuato, donde —dijo— también fue víctima de extorsión por parte del crimen organizado. Señaló que muchos servidores públicos locales enfrentan amenazas sin recursos suficientes para defenderse, debido a la reducción de programas federales de seguridad.
Funcionarios en riesgo
De acuerdo con datos presentados por el diputado, las agresiones contra funcionarios públicos aumentaron de 32 en 2018 a 80 en 2023, particularmente en entidades como Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Guerrero. Aseguró que la violencia económica del crimen organizado se ha vuelto estructural y ha dejado a los municipios sin respaldo federal.
Entre enero y septiembre de 2025, dijo, se abrieron más de mil 300 carpetas de investigación por extorsión en el Estado de México, más de mil en la Ciudad de México y casi 800 en Guanajuato, lo que representa más de seis mil víctimas directas.
Propuestas del PRI
El diputado planteó que la nueva ley incorpore mecanismos de coordinación real entre federación, estados y municipios, así como protección efectiva para los servidores públicos amenazados. También propuso que los bienes asegurados a extorsionadores se destinen a fortalecer la seguridad local y a apoyar a las víctimas.
“Cuando un alcalde tiene que pagar para poder gobernar, pierde la democracia; cuando el Estado se rinde ante la extorsión, pierde la Nación”, expresó desde tribuna.
Llamado a revisar la política de seguridad
Sánchez criticó los resultados de la actual estrategia federal y afirmó que “no se trata de abrazos a la delincuencia, sino de abrazos a las víctimas y a las familias que viven con miedo”. Subrayó que esta ley representa un paso firme para recuperar el control del país, devolver confianza a la ciudadanía y restablecer el Estado de derecho en todo el territorio nacional.
“El PRI quiere resultados, no más abrazos; queremos municipios seguros y un Estado fuerte, porque sin Estado de derecho no hay futuro posible”, concluyó.
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