El diputado federal del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández, advirtió que la Iniciativa de Ley General para Combatir la Extorsión, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, podría derivar en la criminalización de la crítica a servidores públicos. Según el legislador, la propuesta amplía el tipo penal de extorsión al incluir la “violencia moral o psicológica” y establece agravantes si se comete contra funcionarios, candidatos o personas electas.
Téllez señaló que la iniciativa contempla sanciones cuando se utilicen imágenes, videos o audios —reales o manipulados— para coaccionar, especialmente si estos se difunden a través de medios de comunicación. Afirmó que esta redacción podría afectar la libertad de expresión y de prensa, al permitir que se persigan penalmente expresiones como la sátira, la protesta o la crítica política.
Reserva rechazada por mayoría oficialista
El legislador panista informó que presentó una reserva al dictamen con el objetivo de proteger a periodistas, caricaturistas y medios de comunicación, garantizando que puedan ejercer su labor sin temor a represalias legales. Sin embargo, dicha reserva fue rechazada por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados.
“La reserva aseguraba que reporteros, moneros, periodistas y medios de comunicación puedan realizar su trabajo sin la zozobra de ser perseguidos penalmente”, explicó Téllez. Añadió que el bloque oficialista votó en contra, lo que, a su juicio, desvirtúa el objetivo de combatir la extorsión.
Críticas al contenido de la iniciativa
En su comunicado, Téllez expresó que, si bien el PAN está a favor de una legislación que combata la extorsión —y ha presentado propuestas en ese sentido—, considera que la iniciativa actual incluye disposiciones que podrían ser utilizadas para limitar la crítica pública. “Esta ley encierra un elemento nocivo: la criminalización de la crítica a servidores públicos”, afirmó.
El diputado también cuestionó que se otorgue un trato diferenciado cuando el presunto delito se comete contra funcionarios, lo que, según dijo, podría usarse para intimidar a voces críticas del gobierno.
Contexto legislativo
La iniciativa en cuestión propone reformas a los artículos 15, 16, 17 y 18 del proyecto de ley, y se encuentra en proceso de análisis legislativo. El debate se da en un contexto de creciente preocupación por el equilibrio entre la protección contra delitos como la extorsión y la garantía de los derechos fundamentales, como la libertad de expresión.
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