Durante la sesión ordinaria en el Palacio Legislativo de San Lázaro, diputadas y diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) manifestaron su rechazo a la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, al considerar que centraliza el control de la institución bajo el Poder Ejecutivo y limita su profesionalización. Señalaron que la reforma no moderniza a la Armada, sino que la somete al control político del gobierno en turno.
A nombre de la bancada priista, coordinada por Rubén Moreira, y en acuerdo con la dirigencia nacional encabezada por Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, las y los legisladores Ariana Rejón, Graciela Ortiz y Miguel Alonso Reyes coincidieron en que la ley no surge de las necesidades de los marinos, sino de decisiones tomadas en “Palacio Nacional, con fines de control político y no de profesionalización militar”.
Acusan discrecionalidad en designación de mandos
La diputada Ariana Rejón Lara afirmó que la Armada de México es una institución histórica, noble y valiente, destinada a proteger al pueblo y no a servir intereses partidistas. Criticó que la nueva legislación permita a la Presidenta de la República nombrar mandos sin evaluación técnica ni contrapesos institucionales. “Con esta ley, la Armada deja de responder a la Constitución y pasa a responder a un partido”, sostuvo.
Rejón detalló que el dictamen crea una Jefatura de Operaciones Navales dependiente directamente del Ejecutivo, lo que concentraría el mando estratégico y podría vulnerar los mecanismos de rendición de cuentas. Agregó que el PRI votará en contra del dictamen por considerar que afecta la autonomía y el honor de las Fuerzas Armadas.
Rechazan militarización y concentración de poder
Por su parte, la diputada Graciela Ortiz afirmó que la reforma profundiza la militarización de las funciones civiles del Estado y vulnera los derechos humanos. Explicó que la propuesta busca validar decretos y reglamentos emitidos por el Ejecutivo que han permitido la participación de las Fuerzas Armadas en tareas ajenas a su naturaleza, como la administración de aduanas, donde se han documentado irregularidades por más de 600 mil millones de pesos.
Ortiz reconoció el papel histórico de la Armada en la defensa de la soberanía nacional, pero advirtió que la reforma pone en riesgo el equilibrio entre poderes y la transparencia institucional.
Piden frenar la militarización de la vida pública
El diputado Miguel Alonso señaló que el PRI no permitirá que, bajo el argumento de la modernización, se justifique la militarización de la vida pública. Mencionó que en los últimos siete años se ha asignado a las Fuerzas Armadas el control de aduanas, puertos, aeropuertos y proyectos de infraestructura, así como funciones de seguridad pública que no corresponden a su diseño original.
También destacó que la ley elimina la obligación de actuar con respeto estricto a los derechos humanos, incorpora formalmente a la Guardia Nacional a la coordinación militar y crea nuevas estructuras sin claridad presupuestal.
Finalmente, las y los legisladores del PRI reiteraron su compromiso con la seguridad nacional y la democracia, alertando que el modelo de concentración militar “sigue un camino similar al de países como Venezuela”, según expresaron.
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